Este martes la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda a la Corte Constitucional para que jóvenes desmovilizados de las diferentes ‘Bacrim’ reciban los mismos beneficios que otros insurgentes con respecto a la ley de víctimas.

Según explicó la Defensoría, cuando los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados cumplen su mayoría de edad se les exige un certificado expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) antes de acceder a los programas de reintegración social y económica ofrecidos por el Gobierno.

Sin embargo, actualmente estos programas especiales de reparación solo pueden acceder las víctimas reclutadas por los grupos guerrilleros o los grupos paramilitares, pero no aquellas que han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de aquellos grupos conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, como es el caso de ‘Los urabeños’ y ‘Los rastrojos’, entre otros.

De acuerdo con la Defensoría, esta norma viola el derecho a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas, y resulta contraria a los principios de presunción de buena fe y de interés superior de la niñez.

“Dada la discusión de si dichas estructuras criminales forman o no parte de los actores armados del conflicto, el certificado CODA únicamente es entregado a la niñez y adolescencia desvinculada de grupos armados guerrilleros y/o paramilitares, dejando por fuera de los programas de reparación a las víctimas de las denominadas bacrim que también buscan reintegrarse a la sociedad”, afirmó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.

Frente a esta situación, la Defensoría espera que con la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional, los jóvenes que se desvinculen de las “Bacrim” también puedan recibir estos incentivos y así generar un motivo más, para que estos tomen la decisión y de paso, contribuir a una mayor deserción.