El abogado, William Monroy, quien defiende los intereses del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, salpicado por el “carrusel de la contratación” confirmó que su cliente inició una negociación con la Fiscalía quien le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza calificado por presuntamente ofrecer dádivas para la adquisición de contratos para obras de la malla vial de Bogotá, por parte de la empresa ICM Ingenieros, de la cual sería propietario.

Al parecer, y según el abogado de Cruz, se busca llegar a un preacuerdo de colaboración con el organismo investigador, o, acogerse al principio de oportunidad.

La Fiscalía tiene previsto realizar la audiencia de imputación en los próximos días en una sala de audiencias ante un magistrado de esa corporación judicial, en donde se espera llegar con un preacuerdo entre las partes.

El mandatario departamental habría incurrido en estos delitos, por presuntamente haber en ejecutado un contrato por 24 mil millones de pesos, adjudicado en el año 2009 por la administración de Bogotá, para el suministro de asfalto para reconstruir la malla vial de la ciudad capital.

Según el fiscal del caso, el gobernador Cruz Vargas entregó a funcionarios y concejales de la ciudad dineros para que en la licitación respectiva se favoreciera a la empresa Unión Temporal Asfaltos 2009.

De acuerdo con el organismo investigador, el monto del dinero entregado por Cruz Vargas ascendió a 800 millones de pesos, que salieron del anticipo del mismo contrato.