La noticia de la posibilidad de que las fumigaciones de glifosato regresen a la región de Catatumbo causó diferentes reacciones, especialmente en los campesinos del Norte de Santander, quienes rechazaron rotundamente las aspersiones aéreas por parte del Gobierno.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que no se trata de una decisión tomada, pero confirmó que el tema está sobre la mesa.

“El Gobierno aún no ha tomado decisión de asperjar cultivos ilícitos del Catatumbo”, escribió el Ministro a través de su cuenta de twitter.

A lo anterior, agregó: “En pocos meses el Gobierno presentará un plan de lucha contra los cultivos ilícitos sin la utilización del glifosato por decisiones judiciales que se tomaron al respecto y que se han acatado”.

Por su parte, el procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, calificó como «incoherente» que hasta la fecha no se conozca el plan anunciado por el Gobierno para atacar los cultivos ilícitos.

En un comunicado emitido por la Procuraduría, cuestiona si el glifosato “¿Produce o no cáncer?, y si fuera cierto que lo produce, ¿el Gobierno Nacional va a “atacar” a la población del Catatumbo con glifosato? ¿Cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a que se suspendieran las fumigaciones?”

La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que los acuerdos que los campesinos del Catatumbo firmaron con el Gobierno en 2013 y que permitieron levantar un paro de casi dos meses «se están cumpliendo» y son ejemplo de inclusión social.

Así lo expresó el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Todd Howland, en un comunicado en el que recordó que el organismo es garante de esos acuerdos.

En su momento, los campesinos, en su mayoría cultivadores de hoja de coca, se fueron a huelga en protesta porque que el Gobierno colombiano comenzó un plan de erradicación de cultivos ilícitos sin que les ofrecieran planes concretos para la sustitución de esas plantaciones.

También reclamaban mejoras en vías, salud, educación y el fin del modelo de desarrollo mineroenergético.

En el documento, Howland señala que «es un hecho que Colombia debe superar dos de sus principales problemas: el cultivo de coca y la discriminación en el acceso a servicios básicos relacionados con los derechos al trabajo, la educación y la salud».

El funcionario destaca que en el caso de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, «ambas partes han conseguido cooperar de manera creativa para conseguir sus objetivos».

Igualmente, reconoce que «queda mucho por aprender y sin duda hay muchos resultados positivos de este proceso» pero que «considerarlo fallido es irresponsable y desinformado».

Agrega que si bien es cierto que en el acuerdo solo participan una parte de los campesinos que viven en esa región «es un ejemplo importante de inclusión social, que es fundamental para que Colombia logre una paz duradera».