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Hallazgo fiscal por $2.634 millones en proyecto de construcción de Campus de la Universidad Nacional, sede Caribe

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Un hallazgo fiscal por $2.634 millones de pesos, con presunta incidencia penal y disciplinaria, evidenció la Contraloría General de la República en auditoría practicada sobre los recursos públicos de regalías invertidos por la Gobernación del Cesar para la construcción del Campus de la Universidad Nacional de Colombia en el municipio de La Paz.

Determinó igualmente abrir una indagación preliminar por pagos realizados que requieren cuantificación por mala calidad de las obras, situación que involucra a la interventoría por su responsabilidad en el seguimiento de las mismas.

El organismo de control estableció que los recursos invertidos y ejecutados a la fecha en esta obra no cumplen con los parametros técnicos, debido a presuntas deficiencias en las labores adelantadas por el contratista y por debilidades de supervisión y del nuevo equipo de interventoría (Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá).

Con base en inspecciones técnicas realizadas por un equipo auditor en el sitio, y los informes de la interventoría, el organismo de control presume la mala calidad de la obra y la baja resistencia del concreto utilizado (se utilizó incluso cemento con fecha de vencimiento caducada y aceros con alto grado de oxidación), que hacen vulnerable la estructura construida.

La auditoría puso de presente graves irregularidades en el diseño estructural y el incumplimiento de las normas técnicas de sismo construcción, todo lo cual genera una grave vulnerabilidad sísmica y estructural en la obra contratada con la Unión Temporal UNINAL Cesar.

Llamado de atención a la Gobernación

La CGR cuestionó que se haya permitido el avance de la obra sin corregir de fondo las debilidades estructurales del proyecto, ni tomar los correctivos necesarios de manera oportuna, lo cual ha generado esta posible afectación al erario público.

Además, llamó la atención por la forma como la Gobernación del Cesar desatendió reiteradamente las observaciones del interventor inicial (la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales) sobre las graves situaciones que se dieron en la marcha del proyecto.

Ha habido fallas de supervisión y control en la ejecución del contrato, por parte de la Gobernación, y ello ha comprometido el cumplimiento del proyecto y, por tanto, el logro de los objetivos y metas propuestas, insistió.

El departamento del Cesar suscribió contrato de obra con la Unión Temporal UNINAL Cesar el 12 de julio de 2013, por valor de $38.338 millones y un plazo final de ejecución de 18 meses, con acta de inicio del 26 de agosto de 2013 y fecha de terminación inicial del 25 de febrero de 2015, que no se cumplió. El contrato de obra se suspendió el 27 de agosto de 2014.

Una precisión necesaria

Al revelar el hallazgo por $2.634 millones detectado en auditoría a los recursos de regalías del departamento del Cesar, la Contraloría General consideró pertinente precisar, y dejar en claro, los siguientes:

1) De ninguna manera puede atribuirse a este organismo de control el aplazamiento de la sesión del OCAD Regional programado para el martes 28 de julio, donde se iba a discutir la adición de $18 mil millones de pesos al contrato para la construcción del Campus de la Universidad Nacional de Colombia en el municipio de La Paz.

2) El 23 y el 27 de julio del presente año, el propio Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, dirigió sendas comunicaciones a la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, informando la presencia de dos delegados de la CGR a la sesión antes mencionada.

3) Además, en la segunda de estas comunicaciones, el Contralor Maya Villazón preciso a la doctora Divas Iglesias Polo, Secretaría Técnica del OCAD Regional y Secretaria de Planeación del Atlántico, la forma cómo el Comité Técnico de Regalías, en sesión del 22 de julio, aprobó el hallazgo fiscal antes referido, y aclaró enseguida lo siguiente:

«En consecuencia, aunque el hallazgo ya está aprobado por la máxima instancia dentro de la Contraloría General de la República, pero toda vez que el mismo no ha sido comunicado dentro del informe respectivo a la Gobernación del Departamento del Cesar, me permito aclarar que en la sesión del OCAD, a la que hemos sido invitados expresamente por Usted, la Contralora Intersectorial de Regalías solamente podrá presentar y exponer los aspectos más importantes del hallazgo, sin que esto implique desconocer los procesos y procedimientos que establece la Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República».

…»Por último, solicito a Usted tener presente que nuestro procedimiento implica, que aunque el hallazgo ya esté aprobado, solo es posible surtir la comunicación al representante legal del ente territorial, dentro del cuerpo del informe de la Auditoría respectiva y trasladar el hallazgo con fines disciplinarios, fiscales y penales, una vez el mismo informe se haya liberado. Por lo tanto, el contenido de la información únicamente podrá ser utilizado para fines meramente informativos al interior del OCAD en el cual ejerce Usted la Secretaría Técnica».

4) El 27 de julio, en horas de la tarde, la Contralora Delegada Intersectorial de Regalías, Eddy Lucía Rojas Betancourth, recibió vía email una comunicación de parte de la doctora Divas Iglesias Polo donde se le manifestó que: «…la sesión del OCAD Región Caribe del 28 de julio se aplazó en consideración a que es muy importante para los miembros del OCAD estudiar el pronunciamiento de la Contraloría, por lo tanto, es importante que nos comunique cuando sea notificada la Gobernación del Cesar y enviarnos de carácter informativo el pronunciamiento, a fin de que los miembros del OCAD puedan usarlo como insumo para la toma de decisiones».

5) Las anteriores comunicaciones ponen de presente el papel de la CGR con ocasión de esta reunión del OCAD, que en ningún momento ha sido el de no pronunciarse y llevar así al aplazamiento de la sesión programada para el 28 de julio, como insinuó el Boletín de Prensa 258 emitido el 28 de julio por la Gobernación del Cesar, entidad territorial que ha tenido todas las garantías requeridas en este proceso auditor (se le dio un plazo adicional para responder las observaciones del informe de auditoría y se atendió su solicitud para conformar mesas de trabajo relacionadas con temas de las mismas, por ejemplo).