Con un llamado para que se estudien en profundidad las implicaciones éticas de la eutanasia, antes de avanzar con su regulación, y advirtiendo que el debate sobre la materia será “largo y arduo”, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, intervino hoy en el foro Eutanasia en Colombia ¿verdadero derecho?, convocado por la Universidad del Rosario y la Fundación Buen Gobierno.

“Las condiciones cívicas necesarias para establecer un verdadero diálogo político sobre temas éticos es algo que tarde o temprano vamos a tener que desarrollar, pues es una ilusión pensar que pronto vamos a lograr un consenso en esta materia, o que a través de una decisión judicial se puede poner punto final a este debate”, aseguró el jefe del Ministerio Público, al tiempo que reiteró que la posición de la Procuraduría es que la vida humana no es simplemente una propiedad particular, y que la sociedad tiene un interés legítimo en proteger la vida de todos sus miembros.

Aseguró que el debate sobre el valor de la vida humana y su correspondiente protección, antes que un tema jurídico es un asunto ético, y al respecto planteó un interrogante “¿Debe considerarse que la vida tiene un valor sagrado, innegociable, irrenunciable e indisponible, o debe enfocarse desde una perspectiva relativista, materialista y utilitarista, el cual depende de los deseos de las personas y de ciertas condiciones particulares?”.

El jefe del Ministerio Público citó al Papa Francisco, quien la semana anterior señaló que “el pensamiento dominante propone una falsa compasión, que considera un acto de dignidad procurar la eutanasia; pero esto no es progresismo, sino que es la forma de actuar típica de los mafiosos, porque lo cierto es que en el pensamiento antiguo y en el pensamiento moderno, la palabra “matar” siempre ha significado lo mismo”.

Al referirse a las normas vigentes hoy en Colombia sobre la materia, señaló que la eutanasia sólo puede ser administrada a personas en fase terminal, es decir, cuando médicamente se diagnostica que la muerte está próxima a ocurrir. Recordó que, sin embargo, en el caso del primer paciente al que se le aplicó este procedimiento el médico que hacía parte del comité de autorización lo negó inicialmente porque estos requisitos no se cumplían: “Inmediatamente se desató una impresionante cruzada mediática y jurídica exigiendo la aprobación de esa eutanasia (…) En la apoteosis de esa presión social, jurídica y mediática el médico cambió su concepto”.

Al respecto el procurador general manifestó que las legislaciones sobre eutanasia pretenden garantizar la autonomía del paciente y protegerlo frente a presiones indebidas, pero advirtió que este ideal es “un espejismo”, ya que una vez la eutanasia se desestigmatiza, formas sutiles de presión, incluso involuntarias, pueden encontrar su camino a través de familiares o del personal médico. “El apoyo a la eutanasia de un familiar puede terminar validando sus peores temores: que es una carga, que su vida no vale y que lo mejor sería estar muerto. Las nuevas costumbres que normalizan el que cierto tipo de enfermedades terminen típicamente en eutanasia, hará la situación más difícil para quienes quieran seguir adelante con ella hasta su muerte natural”, aseguró.

Paso lento ¿pero seguro?

El jefe del Ministerio Público citó recientes declaraciones del actual presidente de la Academia Colombiana de Medicina, Juan Mendoza Vega, quien aseguró que la actual regulación de la eutanasia no es un paso definitivo en la materia, sino apenas “un primer paso en una buena dirección”, ya que él considera que es necesario incluir a pacientes que no estén en estado terminal, y en relación con las posibilidades de aplicarla a los niños señaló que “en este tema estamos caminando a un paso lento pero seguro”.

Relacionó el procurador general estas afirmaciones con las también recientes declaraciones del expresidente y actual magistrado de la Corte Constitucional, Ernesto Vargas Silva, quien aseguró que se trataba de una cuestión demasiado controversial, y que desde el alto tribunal se dan pasos progresivos y casi imperceptibles en los temas que implican grandes cambios para la sociedad.

El procurador Ordóñez Maldonado advirtió que “(…) precisamente en el tema de la eutanasia para niños es donde se ve de forma más evidente lo difícil de frenar la mentalidad eutanásica, una vez que el supuesto “derecho a la eutanasia” se va arraigando en la conciencia social”.

El procurador general concluyó que el debate sobre si la eutanasia se debe calificar o no de derecho, es algo que deberá resolver la sociedad, teniendo en cuenta la profunda carga ética que tiene este asunto y la necesidad de hacer conciencia sobre la trascendencia de esa decisión: “Será el pueblo colombiano, con base en sus convicciones éticas y en la visión de sociedad que quiera construir, el que tendrá la última palabra, como es de esperarse en los regímenes democráticos”, señaló.