–El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional por un crimen ejecutado por la guerrilla del Eln, pero al mismo tiempo pidió investigar a este grupo terrorista por violar el derecho internacional humanitario.

La decisión del alto tribunal tiene que ver con la muerte de un concejal de Coromoro, Santander, el 3 de abril de 2006 en la vereda La Mina, perteneciente al mismo Municipio, como consecuencia de un atentado ejecutado presuntamente por miembros del señalado grupo guerrillero.

El Consejo de Estado aceptó el argumento del demandante, según el cual la nación es responsable por la muerte del dirigente político, debido a que no le protegió su vida pese a que eran de conocimiento público las amenazas de grupos armados al margen de la ley contra los alcaldes y concejales de todo el país en vísperas de las elecciones del 12 de abril de 2006.

La Sección Tercera señaló que el presente caso constituye una violación al principio democrático y a los derechos políticos, ya que la entidad demandada no ejecutó acciones efectivas para proteger la vida de los Concejales del Municipio de Coromoro que venían recibiendo amenazas contra su vida.

“Bajo ninguna circunstancia puede concebirse que el ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos suponga una amenaza o exposición antijurídica a los derechos humanos fundamentales de sus titulares”, indica la sentencia.

La Sala explica que este caso constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario por parte del grupo insurgente, puesto que se trata de la realización de actividades hostiles en contra de la vida e integridad física de miembros de la población civil que deben estar siempre al margen del conflicto armado interno.

En la sentencia se compulsan copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si en este caso el grupo armado insurgente violó las normas de Derecho Internacional Humanitario o las reglas de la guerra.