Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó los elementos materiales probatorios recolectados en los allanamientos adelantados en el despacho del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, realizados en mayo de este año, en el marco de la investigación que se adelanta en su contra por sus presuntos vínculos con el denominado “carrusel de la contratación”. Igualmente fueron legalizados los allanamientos hechos en la residencia de Cruz Vargas y en la empresa ICM Ingenieros a mediados de este año.

El funcionario judicial legalizó cientos de documentos digitales, computadores, CDs, minutas de visita al despacho de Cruz y demás elementos materiales recogidos por la Fiscalía durante la visita realizada a la sede de la Gobernación en Bogotá.

Con la medida quedan listas las pruebas que la Fiscalía presentará en contra del exmandatario departamental por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos; cohecho por dar u ofrecer, y abuso de confianza calificado por presuntamente ofrecer dádivas para la adquisición de contratos para obras de la malla vial de Bogotá, por parte de la empresa ICM Ingenieros, de la cual sería propietario. Todo esto se realizará en la audiencia de imputación de cargos prevista para el próximo 2 de septiembre del presente.

Los hechos del particular corresponden a que, durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y Rehabilitación Vial en Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban dicha entidad, para generar favorecimientos en la ejecución de contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, compuestos por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos.

El mandatario departamental habría incurrido en estos delitos, por presuntamente haber en ejecutado un contrato por 24 mil millones de pesos, adjudicado en el año 2009 por la administración de Bogotá, para el suministro de asfalto para reconstruir la malla vial de la ciudad capital.

Según el fiscal del caso, el gobernador Cruz Vargas entregó a funcionarios y concejales de la ciudad dineros para que en la licitación respectiva se favoreciera a la empresa Unión Temporal Asfaltos.

De acuerdo con el organismo investigador, el monto del dinero entregado por Cruz Vargas ascendió a 800 millones de pesos, que salieron del anticipo del mismo contrato.