Inició la segunda audiencia pública por el juicio que se adelanta contra la excontralora, Sandra Morelli Rico, por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la sede de la Contraloría en el edificio de Gran Estación en Bogotá. Ante los magistrados de la corporación, la Fiscalía presentará formalmente la acusación contra la exfuncionaria quien al parecer habría incurrido en detrimento patrimonial, al asumir el pago mensual de 2.500 millones de pesos del lujoso edificio.

La Fiscalía General de la Nación acusará ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la exfuncionaria por los delitos de contrato sin el lleno de requisitos legales agravado y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, Morelli “habría violado los principios de planeación, economía y selección objetiva, generando un detrimento de más de 12.292 millones de pesos por pago de arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, en el que se evidenció un sobre costo en el valor del canon”.

Para el ente acusador, el proceso de contratación no contó con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios técnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogotá.

Igualmente indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contraloría General de la República en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos.

También es investigada por presuntamente haber ordenado la interceptación de correos y teléfonos a un grupo de personas sin orden judicial o autorización. Por estos hechos han sido procesados varios de sus exfuncionaraios.