–A través de su canciller, Delcy Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro volvió a atacar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esta vez en la Organización de Naciones Unidas, ONU, para defender y justificar las medidas adoptadas contra los colombianos en la frontera. Según la funcionaria, en Nueva York informó «al mundo de las constantes embestidas del Gobierno colombiano para con Venezuela», diciendo que «hay una maquinaria de guerra en Colombia contra Venezuela» y por otra parte, que «existen leyes en Colombia que fomentan y promueven el contrabando».

«Por lo tanto, la Patria de Bolívar está en todo su derecho constitucional de tomar medidas para salvaguardar al pueblo venezolano», precisó la canciller venezolana en su cuenta en Twitter, en la cual destacó también: «Hemos alertado a la comunidad internacional de lo que está sucediendo en Venezuela».

Rodríguez da cuenta de un encuentro «con el firme propósito de exponer la verdad sobre la situación en la frontera colombo-venezolana», que sostuvo con los embajadores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) ante la ONU en la ciudad de Nueva York.

Junto al embajador bolivariano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Rafael Ramírez, «la representante de la Diplomacia de paz, explicó a los delegados latinocaribeños que «existen leyes en Colombia que fomentan y promueven el contrabando», por lo tanto, la Patria de Bolívar está en todo su derecho constitucional de tomar medidas para salvaguardar al pueblo venezolano», reseña a su turno un escrito publicado en la web de la cancillería venezolana.

Rodríguez denunció ante los representantes diplomáticos que «los medios de comunicación en Colombia están dominados por la oligarquía» que se ha encargado de tergiversar las acciones del Gobierno Bolivariano que buscan erradicar flagelos como el contrabando de extracción y paramilitarismo, agrega el informe, el cual complementa: «Hay una maquinaria de guerra en Colombia contra Venezuela (…) hemos alertado a la comunidad internacional de lo que está sucediendo en nuestro país».

Según el escrito, la funcionaria «reiteró que en Venezuela viven 180 mil ciudadanos colombianos con el estatus de refugiados, a quienes se les ha brindado apoyo al verse beneficiados con educación y atención médica gratuita. Además, informó a los embajadores que «trajimos imágenes donde se puede ver a los niños pasando a Venezuela para ir a la escuela».

Recuerda que en el año 2004 el Líder de la Revolución Bolivariana ordenó la regularización de 800 mil extranjeros que estaban en Venezuela sin documentos, de los cuales, el 89 por ciento eran de nacionalidad colombiana.

Rememoró igualmente que «con el Comandante Supremo, Hugo Chávez, se inició un proceso de hermandad verdadera entre nuestros pueblos y que ahora continúa el jefe de Estado, Nicolás Maduro guiado por el Plan de la Patria y avanzando mediante la Diplomacia Bolivariana de Paz».

La noche de ayer, el presidente Maduro anunció que la canciller Rodríguez se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon y con otros organismos de las Naciones Unidas para seguir informando sobre lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana.

Se recuerda que durante su gira de trabajo por China, Maduro se reunió con Ban Ki-Moon, para solicitar su apoyo, con el fin de detener el éxodo humanitario masivo de ciudadanos colombianos a Venezuela.

«Dije al secretario Ban Ki Moon que necesitamos ayuda y asesoría de la ONU a fin de parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela… nos ayude, somos un país pequeño», expresó en ese momento el Mandatario Nacional.

De otro lado, la canciller venezolana destaca en su cuenta en Twitter que el embajador de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida, expresó su respaldo y solidaridad al gobierno de Maduro.

«Nicaragua también ha sido blanco de campañas y mentiras de Colombia contra nuestro país: Jaime Hermida, embajador de Nicaragua ante ONU», escribe.

Igualmente reseña que el embajador de Cuba ante la misma ONU, Rodolfo Reyes, también expresó su solidaridad con Venezuela.

Por otra parte, hace eco al «enérgico discurso» pronunciado el martes por el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas «en defensa del cierre de la frontera de su país con Colombia, alegando que el tráfico ilícito de combustible, alimentos y otros productos por parte de contrabandistas colombianos, abarca el 35 % de toda la producción económica de Venezuela».

En un escrito en la web de la cancilleria se hace la siguiente relación del discurso:

El Embajador Rafael Ramírez, quien también fue canciller, ministro de energía y presidente de la empresa petrolera estatal, declaró que dicha medida se tomó en respuesta a lo que él mismo denomina como acciones cada vez más descaradas por parte de contrabandistas colombianos y otros infractores, y también con el consentimiento del Gobierno de Colombia.

Afirmó que los contrabandistas han estado enviando todos los días a través de la frontera 100.000 barriles de gasolina y combustible diesel venezolano adquiridos a precios bajos, y vendiéndolos con enormes beneficios.

En una entrevista en la Misión de Venezuela ante las Naciones Unidas, el Sr. Ramírez declaró que los contrabandistas, a los cuales describió como «peores que la Mafia», también se han estado beneficiando de las ventas ilegales de productos agrícolas, harina y otros tipos de productos, los cuales son vendidos en Venezuela a precios bajos regulados por el Gobierno y que pueden llegar a venderse a precios mucho más altos en Colombia.

«Trafican el 35% de nuestra producción nacional, lo cual ha causado una gran pérdida para nuestra economía», dijo Ramírez, explicitando su aseveración a través de fotografías en su computadora, de lo que describe como acaparamiento y contrabando, incluyendo camiones y lanchas repletas de barriles de combustible.

Ramírez también rechazó las acusaciones de una supuesta depuración anti colombiana y supuestos abusos a los derechos humanos por parte de Venezuela. Señalo que su país ha recibido inmigrantes y refugiados colombianos desde hace mucho tiempo debido al legado que en Colombia ha dejado la guerrilla, la violencia paramilitar, el caos y la inseguridad económica.

«Es importante saber que Venezuela ha recibido más de cinco millones y medio de colombianos», afirmó Ramírez.

El embajador se pronunció luego que el Presidente Maduro procediera a extender la medida fronteriza al cerrar uno de los principales puntos fronterizos con Colombia cerca de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, al extremo noroeste del país.

Maduro también declaró estado de excepción en varias partes de dicha área, lo cual le concede poderes adicionales a las autoridades policiales y militares y restringe ciertas libertades civiles, tales como el derecho a la protesta o a las reuniones públicas.

Venezuela ha deportado más de 1000 colombianos como parte de las medidas que empezaron a tomarse en la frontera a partir del 19 de agosto. Muchos otros colombianos que vivían en el lado venezolano de la frontera han regresado a Colombia por temor a ser perseguidos.

Aunque Maduro y otros funcionarios venezolanos han acusado a paramilitares y criminales por los actos de contrabando, muchos economistas alegan que el contrabando es el resultado a largo plazo de las políticas gubernamentales que han mantenido los precios bajos de la gasolina y de alimentos básicos, incitando a los contrabandistas a venderlos por mucho más dinero al otro lado de la frontera. El valor del Bolívar, la moneda venezolana, que se encuentra en picada, ha seguido fomentando el comercio ilícito, ya que hace que los productos venezolanos, en comparación, sean mucho más baratos.

Ramírez estaba respondiendo a lo que el Gobierno venezolano ha descrito como una cobertura noticiosa de un solo lado sobre las medidas enérgicas venezolanas, las cuales fueron dictadas Maduro después de que tres soldados venezolanos habrían sido heridos mediante disparos en una ciudad fronteriza por lo que él señaló como paramilitares colombianos comprometidos en la desestabilización de Venezuela.

Representantes venezolanos han dicho que algunas noticias que reseñan la respuesta del Gobierno carecen de equilibrio y, que algunos editoriales, incluyendo el del New York Times, han descrito injustamente que Maduro ha creado una crisis para desviar la atención a los problemas económicos del país y su propia pérdida de popularidad.

Ramírez calificó el contrabando a lo largo de la frontera, la cual se extiende por más de 2.200 Km, como un asunto que se ha estado «desarrollando por muchos años».

En primer lugar, Maduro cerró una sección de la frontera en el estado Táchira, cerrando dos puentes importantes y deportando más de 1.000 migrantes colombianos.

También amenazó con demoler las casas en un barrio fronterizo que él calificó como un hogar para los paramilitares y contrabandistas.

Maduro anunció la ampliación del cierre de la frontera el pasado lunes por la noche, durante una aparición en televisión.

Las medidas enérgicas han tensado las relaciones entre Venezuela y Colombia y provocado un intercambio de declaraciones inamistosas entre Maduro y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha acusado a Venezuela de maltratar colombianos.

Un residente en el norte de la frontera, contactado por teléfono el martes, dijo que aviones militares habían estado sobrevolando el área desde el lunes y que los soldados habían establecido alcabalas en las carreteras, evitando que los camiones se acerquen a la frontera y permitiendo únicamente el tránsito de vehículos pequeños.

La frontera norte, en ambos lados, es el hogar del grupo indígena Wayuu. Los Wayuu acostumbran a moverse libremente a través de la frontera, a menudo diciendo que ellos no reconocen la distinción entre ambos países.

Muchos Wayuu han dependido durante mucho tiempo del contrabando para ganarse la vida. Ellos han tenido enfrentamientos periódicos con las autoridades que reprimen el contrabando, señalando frecuentemente la participación de funcionarios militares y civiles en las mismas actividades, mientras que éstos acusan al grupo indígena, finaliza el informe de la cancillería venezolana.