La juez 28 de conocimiento revivió la orden de captura que pesa sobre la exdirectora del IDU, Liliana Pardo investigada por su presunta participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá, al considerar que la Fiscalía General de la Nación cuenta con suficiente material probatorio que comprobaría una presunta responsabilidad de la exfuncionaria en la adjudicación irregular de contratos para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad.
La funcionaria judicial, además consideró que “si podría ser un peligro para el proceso, incluso señaló que desde hace más de dos meses se desconoce su paradero”.
De acuerdo con el proceso de la Fiscalía, entre junio de 2008 y diciembre de 2009 Pardo presuntamente realizó contratos para la ejecución de malla vial y valorización en Bogotá.
De igual forma, por estos contratos habría consentido aceptar coimas de alrededor del 1 por ciento de contratos de malla vial y de reestructuración, en los que intervino y que al final beneficiaron entre otros a los primos Nule, a Julio Gómez y Emilio Tapia, como contratistas del Distrito.
La jueza 28 de conocimiento, al revivir la orden de captura a la exdirectora del IDU, consideró que la Fiscalía tenía suficientes pruebas en contra de la exfuncionaria.
Además señaló que sí podría ser un peligro para el proceso e incluso señaló que desde hace más de dos meses se desconoce su paradero.
“La jueza dijo que había participado en el carrusel, que había dirigido el concierto para delinquir desde el IDU, a través de Inocencio Meléndez y de julio Gómez”, dijo su abogado Fernando Becerra, quien además reiteró que no se va a presentar a las autoridades, “tendremos que acudir a instancias internacionales para poder proteger los derechos de los ciudadanos”.
En la investigación también se estableció que entre abril de 2009 y diciembre de ese mismo año, la acusada antes de salir a vacaciones aceptó promesas remuneratorias del mismo porcentaje que en los anteriores, de los contratos 018, 019, 020, 029, 037, 047, 068 y 079 del 2009, por valor cercano a los 400 mil millones de pesos por concepto de puentes, malla vial y valorización.
Esta orden de captura le da el aval a la Fiscalía para que solicite a la Interpol la expedición de circular roja con el fin de que comparezca a las autoridades.
