De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Tomás González, el aumento en las tarifas de energía que empezará a operar desde el mes de diciembre en todo el país es una medida necesaria para proteger la prestación del servicio de fluido eléctrico en Colombia.

El ministro indicó que aunque se trata de una medida que no gusta en el país, son decisiones que se deben adoptar, ya que de no ser así el estado y las mismas familias podría perder multimillonarios recursos que generarían los apagones.

“Un apagón como el de 1992 a precios de hoy le costaría a la economía y a las familias cerca de 20 billones de pesos, eso es algo que no lo podemos permitir, es algo que el estado se tiene que evitar (…) y por eso hay que tomar medidas que son impopulares pero que son responsables y que van a ayudar a proteger la continuidad de prestación del servicio”, precisó Gonzáles.

Las pérdidas de los generadores de energía ya superaron los 3 billones de pesos por cuenta del Fenómeno de El Niño y los actuales precios del petróleo.

Con respecto al uso de los recursos del cargo por confiabilidad o seguro energético que ascienden a los 14 billones de pesos, el Ministro insistió en que las entidades de control como Superintendencia de Servicios, Contraloría y Procuraduría deben llevar las investigaciones hasta el final y sancionar a los culpables.

“Frente al uso de los recursos, hemos sido los primeros que le han pedido a los organismos de control, que debe determinarse muy bien si hubo o no mala utilización del cargo, antes de saltar a conclusiones debe establecerse el uso de los recursos, y si fue así debe castigarse con mucha contundencia, ya que por unos pocos no puede estigmatizar a todo un sector”, indicó el ministro.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, los recursos suministrados a los generadores fueron utilizados de buena manera en infraestructura y prestación del suministro, sin embargo ni la Contraloría ni la Procuraduría se ha pronunciado sobre esas investigaciones.