Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, autorizó hoy la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, al estimar procedente una acusación contra la mandataria por adulteración de las cuentas públicas, ocurridas en 2015.

«Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar» el pedido de impeachment, dijo a periodistas el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha.

La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados.

Si ésta le da luz verde, será votada en el plenario de la Cámara baja. Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff puede ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado.

«No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil» desde el punto de vista tanto económico como político, añadió Cunha.

El paso inicial para un eventual juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento.