El Congreso de Brasil inicia este lunes un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff que agrava la incertidumbre sobre el futuro de la séptima economía mundial azotada por la peor recesión en décadas.

Una comisión de 65 diputados será designada para recibir los descargos de Rousseff a las acusaciones de manejo irregular de las cuentas públicas y luego decidirá si propone al plenario archivar la denuncia o seguir tramitándola, lo cual podría conducir a su separación del cargo.

El proceso llevará meses y el gobierno, que cree contar con los votos necesarios para salvar a la presidenta, quiere que se resuelva rápidamente. La oposición, en cambio, procura extenderlo de modo que, al calor de los problemas económicos, los posibles reclamos de las calles generen disidencias en las filas de Rousseff.

La celeridad de los procedimientos depende de que el gobierno consiga que el Congreso suspenda el tradicional receso estival que empieza el 22 de diciembre y se prolonga hasta febrero.

«La demora de todo este proceso conspira contra la economía, la empeora y eso es malo para el gobierno», comentó a la AFP Rubens Figueredo, politólogo de la Universidad de Sao Paulo.

Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), es acusada de prácticas presupuestarias no ajustadas a la ley y de realizar gastos suplementarios sin la autorización previa del Congreso.

La presidenta asegura que no ha hecho nada ilegal y que repitió procedimientos que a gobiernos anteriores no se le cuestionaron.

«Si el gobierno estuviera funcionando bien, no habría espacio para el impeachment porque políticamente (la acusación) no sería tan relevante», dijo a la AFP Everaldo Moraes politólogo de la Universidad de Brasilia.

«El impeachment de Dilma se da un contexto de degradación política económica y social, entonces hay que buscar una salida a esta crisis», dijo.