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El acuerdo sobre víctimas y justicia desde la óptica de las Farc

VOCEROS-DE-LAS-FARC-HABANA–Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas, afirman las Farc.

El pronunciamiento lo hicieron los cabecillas del equipo negociador del grupo guerrillero en un comunicado, tras la protocolizarse el acuerdo sobre víctimas y justicia este martes en La Habana.

En el escrito destacan los alcances y consecuencias del pacto, luego de advertir que no fueron los iniciadores de la guerra en Colombia, porque «el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las Farc» y que el responsable directo del conflicto es el Estado colombiano.

Sustentan su punto de vista en un informe de la «Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas», que afirman «puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno».

En cuanto al acuerdo destacan que «por primera vez en un Acuerdo de Paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la Jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma, y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades».

Igualmente hacen énfasis en que «no existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del Gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional, y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano», afirman.

Según los cabecillas de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad.

«Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades», subrayan.

Otros puntos que destacan los negociadores de las Farc, son los siguientes:

-La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo, o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado.

-No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general.

-Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.

-Además de combatir la impunidad, ofrece la máxima Justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada.

-El acuerdo alcanzado sitúa el Derecho a la verdad en el vértice superior del Sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para establecer la Verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin Verdad no hay reconciliación posible. La Verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa y con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la Paz. La Paz es el Derecho Síntesis de todos los derechos humanos y sin Paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas.

-Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos.

-Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas.

-Las medidas y programas sobre reparación a las víctimas y restitución del daño causado, han sido expresamente acordadas por las partes para su introducción en el Sistema Integral y consideradas como un esencial componente de este. Tales medidas deben superar las deficiencias del actual marco legal sobre reparaciones, deben garantizar que quienes a consecuencia del conflicto han padecido situaciones de exclusión social salgan de la marginación económica y vean garantizado un futuro sin discriminaciones. Especialmente importante es garantizar la recuperación de sus tierras a todos los campesinos que sufrieron la usurpación de ellas, así como una violencia inhumana por parte de quienes se enriquecieron con el conflicto empobreciendo simultáneamente a la mayoría del pueblo colombiano.

-Todas las partes implicadas en el conflicto asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales.

-Y es el Estado, el nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del Acuerdo de Paz, el que asume la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados.

-Las Farc han observado con preocupación que prácticamente en la totalidad de acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en otros lugares del mundo, más allá del cumplimiento de las medidas acordadas para la normalización de la situación política y la re incorporación a la vida civil de los antes alzados en armas, los pactos dónde se contemplan medidas económicas y sociales de desarrollo del nuevo país que surge de la finalización del conflicto armado, han sido sistemáticamente orillados y nunca cumplidos. Por ello trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo, para que el resultado de este proceso se cumpla cabalmente. De ahí, que por primera vez en una acuerdo de paz, las partes hayamos incorporado sanciones y medidas de justicia restaurativa –realizables por quienes reconozcan verdad y responsabilidades por crímenes no amnistiables-ejecutando los acuerdos alcanzados en los distintos puntos de la Agenda de Conversaciones en la medida en que estos implican beneficio para las comunidades y desarrollo económico y social del país.

Independientemente, alias «Iván Márquez» complemenetó este miércoles en su cuenta en Twitter los siguientes aspectos:

-Sobre ex presidentes: si existen indicios de responsabilidad el caso se remitirá al órgano competente según lo establece el art 175 de la CN

-Conforme al protolo adicional II de Ginebra a la finalización de las hostilidades se otorgará la amnistía «más amplia posible»

-La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y conexos. No se amnistiarán crímenes de lesa humanidad

-El beneficio de amnistía o indulto no eximirá el deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad

-La JEP es para todos los involucrados en el conflicto armado, combatientes y no combatientes

-La JEP es respetuosa de los derechos al debido proceso, defensa, asistencia de abogado y presunción de inocencia

-Son competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares que no sean resultado de coacción

-Esa aplicación se hará de manera diferenciada, simétrica, incluso respecto a la extinción de responsabilidad penal por delitos amnistiables

-La JEP podrá revisar las sanciones administrativas por causa y relación directa o indirecta con el conflicto armado

-Las sanciones disciplinarias y/o administrativas se extinguirán si están relacionadas con el conflicto armado o rebelión

-Los sancionados por protesta social, defensa de DDHH, tendrán tratamiento epecial llegando incluso hasta extinción de la responsabilidad