Lavado de activos, enriquecimiento ilícito en favor de particulares y concierto para delinquir fueron los delitos que la Fiscalía General de la Nación le imputó al empresario colomboisraelí Alberto Aroch Mugrabi, de 55 años de edad.

De acuerdo con la fiscal del caso, Aroch Mugrabi incurrió en la manipulación de asientos contables, operaciones simuladas, ficticias o inexistentes para el blanqueo de capitales. El empresario aceptó cargos por enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía señaló que se registraron incrementos injustificados de sus ingresos en varias de sus empresas, que desde el 2003 registran ingresos por cerca de 470 millones y desde ahí cada año entre 650, 958, 270, 854 millones de pesos cada vez sin que haya un un soporte contable que acredite la procedencia de los recursos.

Se determinó de acuerdo con lo presentado, hubo registros anuales con ingresos de entre mil y tres mil millones de pesos sin claridad en el origen. Se calcula que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos en los últimos años.

“Desarrollo hábilmente un esquema de triangulación para el ingreso multimillonario de dinero a Colombia, mediante la utilización de empresas fachadas en Hong Kong, (China), Venezuela y Estados Unidos, con el propósito de dar la apariencia de legalidad de operaciones económicas normales por importación y exportación de productos textiles”, sostuvo la Fiscalía.

“Aroch Mugrabi penetró el sistema inmobiliario con la constitución de empresas denominadas Proyectos y Desarrollo, con capital de origen ilícito, para lavar capitales transferidos mediante contratos de fiducia para justificar y legalizar tales sumas de dinero”, agregó la delegada de la Fiscalía.

El colomboisraelí aceptó ante el juzgado ser el responsable del delito de enriquecimiento ilícito en favor de particulares, que lo expone a una pena de por lo menos 8 años de prisión.

Según las investigaciones, Aroch Mugrabi no solo intervino sino que adquirió, administró invirtió, transformó, ocultó, encubrió y dio la apariencia licita de operaciones comerciales internacionales para el lavado de activos.

Con la misma decisión fue cobijado Fernando Rivera Cifuentes, actual representante legal de varias de las 11 empresas involucradas en los hechos de aparente blanqueo de capitales y considerado el considerado hombre de confianza del empresario.

Asimismo, quedó sometido a la administración de justicia, Ricardo Munar Fernández quien fue representante legal de varias empresas de propiedad de Aroch Mugrabi así como de comercializadoras internacionales con cuentas bancarias en Panamá y otros denominados paraísos fiscales.

Finalmente, deberá responder ante la justicia William Hernando Morales Prieto, quien como contador de varias de las compañías se encargaba de la firma de los estados financieros.

“Realizaba las operaciones ficticias y firmaba los estados financieros y en las actas de asambleas de accionistas fungía como secretario de las empresas en las que se hallaron irregularidades de carácter patrimonial, financiero y contables”, dijo la delegada de la Fiscalía.