Al cumplirse 4 años de vigencia de la Ley Antitrámites, Función Pública presenta un balance positivo de esta norma que ordenó suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Esta política de reducción de trámites tiene como base fundamental la utilización de estrategias como el aumento de la vigencia de los documentos, la automatización de procesos, la reducción de documentos, tiempo de duración y requisitos, el aumento de puntos de servicio, la homologación de formularios, formularios en línea y reducción de costos; todos estos aspectos que han facilitado a la ciudadanía realizar las diferentes diligencias.

Este Decreto ha permitido la racionalización de 514 trámites al interior de las entidades públicas del orden nacional y territorial, a través de mejoras sustanciales en los aspectos normativos, administrativos y tecnológicos de los trámites que tienen mayor impacto en la ciudadanía.

Esta cifra se suma a los 713 trámites racionalizados previamente en la administración pública colombiana con la promulgación del Decreto Ley 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, con lo cual se llega a un total 1.227 trámites racionalizados hasta la fecha.

El Gobierno Nacional se comprometió en agosto de 2015 a racionalizar 800 trámites externos e internos más para el año 2018, con lo que se facilitará la relación del Estado con los ciudadanos y el sector privado. Tal compromiso fue suscrito por el Presidente Juan Manuel Santos y la directora de la Función Pública, Liliana Caballero.

El Decreto Ley 019 de 2012 cuenta con 237 artículos que establecen principios generales y racionaliza trámites, procedimientos y regulaciones de tipo laboral, tributario, de seguridad social, de vivienda, de comercio, de transporte, de defensa y contratación estatal, entre otros.

Desde su promulgación, el Decreto Ley 019 generó la eliminación de procedimientos y regulaciones innecesarios para ciudadanos y empresarios, con el compromiso de simplificar los trámites regulados por decretos ordinarios en las entidades del orden nacional durante el primer semestre del 2012.

Adicionalmente, resolvió los vacíos existentes en materia de Administración Pública Electrónica, facilitando el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos, lo cual mejoró el clima de negocios en Colombia y aumentó su atractivo para la inversión extranjera.

Dentro de los beneficios generales de esta norma, se destacan los siguientes:

• Prohíbe las declaraciones extrajuicio para la realización de trámites en la administración pública y la exigencia de actuación judicial previa para que una entidad administrativa resuelva una actuación administrativa.

• No se pueden exigir documentos, constancias o certificaciones que reposan en la entidad ante la cual esté realizando la respectiva actuación.

• Elimina el certificado judicial. Las autoridades que requieran consultar los antecedentes penales o judiciales de una persona, deberán efectuar su consulta en línea.

• Elimina el certificado de supervivencia a partir del 1 de julio de 2012, para los residentes en el país. Los residentes en el exterior deberán tramitarlo cada seis meses.

• Establece que todas las entidades del Estado o particulares que cumplan funciones administrativas establecerán mecanismos de atención preferencial a infantes, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores y veteranos de la Fuerza Pública.

• Establece la presunción de autenticidad de los actos de los funcionarios y de los documentos públicos o privados que no requerirán ser autenticados ante autoridad notarial.

• Elimina la huella digital, salvo para trámites propios del Sistema de General de Seguridad Social en pensiones, ante registros públicos, cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad, visas y prórrogas de permanencia entre otros.

• Elimina la denuncia de pérdida de documentos para la obtención del duplicado o reemplazo de los mismos. Ahora basta solo con la afirmación del peticionario sobre el hecho.

• Prohíbe cobrar por los formularios; estos documentos de la administración pública pueden adquirirse de manera gratuita en medios impresos y descargarse de sus páginas web.

La norma Antitrámites es el resultado de una consulta a más de 70.000 ciudadanos, 309 propuestas de gremios y 150 reuniones con entidades y grupos focales, quienes identificaron los trámites que no deberían existir por engorrosos e inútiles, que incentivaban prácticas de corrupción y demoras innecesarias y perjudiciales para autoridades, empresas y ciudadanos.

Con este decreto se fortalecen los esfuerzos de regulaciones normativas anteriores, reafirmando la confianza del Estado en la rectitud y honestidad de empresarios y ciudadanos, a partir de la presunción de la buena fe en todas las actuaciones que se adelanten ante las autoridades públicas.

Así mismo, facilita las relaciones de los particulares con la Administración Pública a través de la reducción del tiempo, de costos, pasos y número de trámites, consagrando estrategias de atención efectiva al ciudadano, entre las cuales es importante señalar la posibilidad de presentar peticiones y cumplir obligaciones desde cualquier punto del país independiente de la entidad receptora, mediante convenios entre las entidades del orden nacional y territorial.

De otra parte, por la promulgación de la Ley Antitrámites, las entidades deben realizar la entrega de información y publicidad de sus trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites Suit, que administra la Función Pública. Este Sistema, a su vez, alimenta al portal Sí Virtual, implementado desde agosto de 2015 con el propósito de facilitar a los ciudadanos la búsqueda de información de trámites.

Este portal, que cuenta con 552 trámites en línea para el público, reporta hasta la fecha el pasaporte electrónico, la copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, el matrimonio o defunción, el duplicado de la cédula de ciudadanía y el certificado de ingresos y retenciones como los 5 trámites más consultados por los colombianos.

Función Pública es la entidad estratégica, técnica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.