Por irregularidades en materia contractual, la Procuraduría General confirmó hoy, en fallo de segunda instancia, la suspensión en el ejercicio de su cargo por el término de un mes a la señora Zoraida Merchán Jaimes, para la época de los hechos se desempeñaba como contralora de Floridablanca, Santander.

La entonces funcionaria suscribió el 1 de junio de 2011 un contrato de prestación de servicios profesionales con el objeto de apoyar los procesos de auditoría adelantados por el órgano de control fiscal con la señora Judy Marcela Martínez Reyes, quien no cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos en los estudios de conveniencia y oportunidad.

De acuerdo con su hoja de vida, la señora Martínez Reyes culminó las materias correspondientes a sus estudios de Derecho en marzo de 2011, lo que significa que para junio del mismo año, fecha en que se suscribió el contrato de prestación de servicios con el municipio de Floridablanca, la contratista no había recibido el título de abogada.

La Procuraduría Regional de Santander consideró que con este comportamiento la disciplinada desconoció los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal, así como los postulados de la función administrativa contemplados en la Constitución y la Ley.

La conducta de la excontralora municipal fue calificada por el ente disciplinario como grave cometida a título de culpa, por considerar que actuó con descuido y negligencia al contratar a una persona sin revisar el cumplimiento de los requisitos solicitados por ella misma.

El órgano de control puntualizó que con un actuar como el mostrado por la exfuncionaria “se pierde el grado de credibilidad en quien ostenta el control fiscal del municipio” y por ende se produce un detrimento en la imagen de la administración pública.