El Consejo de Estado le pidió a la Unida de Derechos Humanos de la Fiscalía General continuar con las investigaciones en contra del máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, por el secuestro de un candidato a la Cámara de Representantes en hechos ocurrido el 22 febrero del 2002.

En la solicitud, el alto tribunal también pidió continuar con las diligencias en contra del jefe negociador de las Farc en el proceso de paz, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; así como Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’; José Benito Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez’; Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’ y Luis Alberto Alban Urbano, alias ‘Marcos Calarcá.

La investigación corresponde a las presuntas violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario.

También hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos a que les exija a los comandantes del grupo guerrillero la necesidad de ofrecer excusas públicas y a explicar en un término de dos meses los hechos que constituyeron la retención del dirigente político durante 18 meses.

En el fallo se ordenó una indemnización para reparar los daños morales y materiales al dirigente político y sus familiares, tras ser secuestrados en un retén en la carretera que comunica los municipios de Suaza y Florencia (Huila).

De acuerdo con el alto tribunal, el secuestro se debió a un conjunto de actividades desplegadas en contra de la población civil, las cuales se desarrollaron por la debilidad o deficiencia del Estado en el mantenimiento de la soberanía y la seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminación de las negociaciones de paz y de la zona de distención.

El alto tribunal consideró que se afectó el principio fundamental de la democracia, pues no se ofreció la seguridad y protección a las personas, especialmente a los actores políticos de la época en sus desplazamientos por el territorio nacional.

Por tal razón, el Consejo de Estado le ordenó a la Fiscalía y otras autoridades evaluar la continuación de investigaciones penales para determinar si la organización insurgente Farc y sus máximos responsables incurrieron en violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.