–El partido uribista Centro Democrático presentó una denuncia penal contra el presidente Juan Manuel Santos por la «toma armada» de las Farc al corregimiento de Conejo, en la Guajira, en desarrollo de un acto proselitista para supuestamente socializar el proceso de paz.

La acción penal contra el primer mandatario fue instaurada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los senadores Ernesto Macías Tovar y Honorio Henríquez, porque, en su concepto, «fue una toma armada consentida por el gobierno».

Según el congresista, el presidente Santos incurrió en varios varios delitos por haber permitido el proselitismo armado de las Farc en el caserío de Conejo, el pasado 18 de febrero.

En primera instancia, dijo Macias Tovar, el mandatario violó la Constitución Política al «despejar» militarmente esa zona para permitir la presencia de los negociadores de las Farc.

“El Gobierno retiró las tropas tres días antes para permitir la llegada de los guerrilleros. Eso fue un despeje, situación que está prohibido actualmente por la Constitución Política de Colombia”, puntualizó.

Macías explicó que «según la Cruz Roja, el Gobierno pidió el apoyo de ese organismo para el acompañamiento a esos cabecillas y ellos aparecieron con las armas, lo que nos parece absurdo».

«Fue una toma armada consentida por el Gobierno», insistió. «En el momento de los hechos el Gobierno miró para otro lado y después se declaró sorprendido, diciendo que no estaba enterado, eso es lo que queremos que se investigue y que se castigue de ser así”, precisó.

Macías Tovar sostuvo que el presidente Santos habría incurrido en los delitos de «prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, empleo ilegal de la Fuerza Pública y menoscabo de la integridad nacional».

A su turno, el senador Honorio Henríquez manifestó que “Santos debe responder por violación a varios artículos constitucionales que el Presidente de la República, quien es el que simboliza la unidad nacional y jura el cumplimiento de la ley, violó por no garantizar los derechos de los colombianos, despejando una zona, cuando esto no está constituido legalmente”.

Los senadores dijeron que esperan que la investigación avance al interior de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no resulte «engavetada» como ha ocurrido con otros procesos que han sido promovidos en esa corporación.