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Uribe rompe silencio: Se declara triste por encarcelamiento de su hermano Santiago

Uribe contra justicia–Efectivamente, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez rompió el prolongado silencio que mantuvo frente a la captura de su hermano Santiago ocurrida el lunes en la tarde, pero se limitó a expresar su tristeza por el hecho y a anunciar que hará un pronunciamiento formal más adelante.

«Hablaré sobre encarcelamiento de mi hermano más adelante en la semana, después de reflexionar más sobre mi tristeza», escribió el exmandatario colombiano en su cuenta en Twitter, sin hacer más acotaciones sobre el tema.

En un trino adicional, el expresidente Uribe Vélez denunció que la Corte Suprema de Justicia tiene interceptado su teléfono.

Lo hizo haciendo el siguiente interrogante:

¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?

La noticia sobre la detención de su hermano Santiago Uribe, por su presunta implicación en la conformación del grupo paramilitar denominado «los 12 apóstoles», sorprendió al expresidente y senador de Centro Democrático cuando regresaba de un viaje a los Estados Unidos, el que hizo, entre otras cosas, para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, OEA, persecución política por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

El viernes 26 de febrero, Uribe se reunió con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, a quien expuso su inquietud por la «impunidad abierta y también disfrazada» de los acuerdos de paz, así como por las «condenas políticas» a funcionarios de su Gobierno (2002-2010), según el comunicado que leyó a la prensa al término de la reunión.

El expresidente explicó estas preocupaciones al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y presentó una «demanda internacional» al considerar que el Estado colombiano «viola el derecho a la doble instancia de todos los funcionarios». El líder del partido Centro Democrático denunció «la falta de garantías procesales como la segunda instancia con falladores independientes».

Este fue el comunicado que Uribe leyó sobre el particular:

1. Las condenas políticas a funcionarios de mi Gobierno, a integrantes de las Fuerzas Armadas y a activistas políticos, por sesgos en sectores de la justicia;

2. La instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Todo a partir del precedente nefasto del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusarme. Con la anotación que muchos de esos testigos, criminales notorios, fueron llevados por mi Gobierno a la cárcel o extraditados. Y varios de ellos que, estando clandestinos en el extranjero, sus testimonios han sido validados. O también el supuesto ‘hacker’, que trabajó en asesorías políticas al actual Presidente y es falso testigo contra integrantes de nuestro partido y contra mi persona;

3. Las acusaciones en mi contra de fiscales y jueces, Pinilla Cogollo por ejemplo, que hizo parte de grupo guerrillero, llegó incluso a anticipar el asesinato de los magistrados en 1985 por el narcoterrorismo, y hoy se dedica a acusarme;

4. Grabaciones en la Corte Suprema, que he conocido por publicaciones, unas hace algunos años por El Espectador y otras recientemente en diferentes medios, con magistrados debidamente identificados, pidiendo golpe de estado en mi contra u ordenando condenas a mis compañeros por razones políticas. Grabaciones ciertas pero que se realizaron de manera ilegal, ordenadas por delincuentes, de cuya autoría infamemente acusan a mi Gobierno;

5. La falta de garantías procesales como la segunda instancia con falladores independientes;

6. La impunidad abierta y también disfrazada de los acuerdos de La Habana; abierta en casos de narcotráfico, asesinato y secuestro de integrantes de las Fuerzas Armadas, que el Gobierno aceptó como delitos políticos, y disfrazada en masacres y otras atrocidades, que aparentemente serán investigadas y juzgadas pero que, al ser reconocidas por el terrorismo, sus autores no irán a la cárcel y gozarán del premio de elegibilidad política, que ya conocemos, será con proselitismo armado. Impunidad que, además de violar el orden jurídico nacional e internacional, creará más violencia como se siente en el país. Impunidad por prevalencia de lo político sobre jurídico: en efecto, juristas que en su momento, y con razón, estimaron que 8 años de cárcel era muy poco para los paramilitares, hoy afirman, sin razón, que integrantes de las Farc, incursos en masacres de igual gravedad, no deben ir a la cárcel.

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