–El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otalora Gómez, hizo un llamado a la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior para que brinden medidas de protección inmediata y eficaces para garantizar la vida, la seguridad, la integridad personal y psicológica para tres defensores de derechos humanos del departamento Nariño, quienes recibieron amenazas de muerte.

Otálora Gómez estableció que dos de los amenazados hacen parte de la recién creada Mesa Nacional de Víctimas en representación del departamento.

Ellos son Martha Ceballos Vega y Jesús Arciniegas, quienes, advierte el funcionario, fueron elegidos en ese organismo en un proceso democrático junto con otros 44 miembros en un acto que contó con el acompañamiento y asesoría de la Defensoría del Pueblo.

Informo que las personas amenazadas acudieron en las últimas horas a la Defensoría Regional de Nariño que los acompaña en su trámite ante las autoridades para que reciban la protección debida ante el riesgo en el que se encuentran. Según sus denuncias, han recibido llamadas telefónicas, mensajes de texto y sufragios firmados por un grupo que se identifica con las siglas GAN o GAR.

Los líderes de derechos humanos pertenecen al Movimiento de Crímenes de Estado de Nariño (Movicenar), al Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y requieren de medidas de protección urgentes por parte de la Fuerza Pública para evitar cualquier tipo de ataque, intimidación u hostigamiento en su contra.

De igual manera, y ante el inminente riesgo, el Defensor del Pueblo reiteró la alerta al Gobierno Nacional para que extienda las medidas de protección a todos los miembros de la recién conformada Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.

Los 46 líderes que integran esta directiva tienen la misión de concertar los planes, proyectos y programas que permitan dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras). Ellos seguirán contando con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para asegurar el goce efectivo de las 5.781.710 víctimas registradas, advirtió Otálora Gómez