–Los cabecillas de las Farc consideraron coherente el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre la imposibilidad de firmar un acuerdo definitivo de paz el próximo 23 de marzo y se declararon de acuerdo en determinar una nueva fecha de manera consensuada con el gobierno.

“Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad, y es lógico que si él dijo que no hay condiciones para el 23, estamos de acuerdo en que fijemos otra fecha”, precisó en La Habana alias Joaquín Gómez, integrante del equipo negociador de las Farc.

Agregó que evidentemente «no hay condiciones para firmar un acuerdo el 23 de marzo» y destacó que las Farc están dispuestas a fijar una nueva fecha «de manera consensuada con el gobierno».

Coindencialmente, en una declaración escrita que previamente leyó el mismo sujeto, los negociadores de las Farc, volvieron a quejarse de las decisiones «inconsultas» que de manera unilaterales ha venido adoptando el gobierno del presidente Santos.

«El gobierno nacional reincidiendo en sus prácticas que desconocen la bilateralidad del proceso–afirman–, ha puesto en marcha una serie de disposiciones inconsultas frente a estos temas, que pretenden ser presentadas ante la comunidad-nacional e internacional como hechos cumplidos , en desconocimiento de la “bilateralidad” de las negociaciones».

Al efecto citan «los recientes desarrollos institucionales como el Ministerio de Posconflicto, Seguridad y DDHH y sus Estrategias de Respuesta Rápida, (ERR), el Comité Interinstitucional del Posconflicto, o el Documento CONPES 3850 que da origen al Fondo “Colombia en paz”, son creaciones gubernamentales, que no toman en cuenta la existencia del punto 6 de la Agenda».

Como se sabe, la fecha del 23 de marzo para firmar un acuerdo definitivo de paz, fue fijada el 23 de septiembre del año pasado, en el encuentro que sostuvieron en La Habana el presidente Santos y el cabecilla de las Farc alias “Timochenko”.

La víspera, el jefe del Estado afirmó: «Yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo”.

Además, Santos complementó:

“Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 (de marzo) a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte:pongamos otra fecha, yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo”.

En el comunicado expedido este jueves en La Habana los cabecillas de las Farc cuestionan el Fondo para la paz, a través del cual, afirman, sin parámetros claros sobre requerimientos y posibilidades, y sin haberlo analizado en la Mesa, el gobierno aspira recoger a través de múltiples fondos, U$3300 millones de dólares de donantes internacionales en 5 años».

Añaden que el gobierno pasa por alto que ellos, dentro de sus 10 Propuestas Mínimas para el Fin del Conflicto, presentaron, entre otras, la iniciativa del FONAPAZ, ( Fondo Nacional para la Paz) con vigencia de por lo menos 10 años, y una asignación anual mínima del 4% del PIB, proveniente de aportes internacionales y de la necesaria reestructuración del presupuesto nacional, acorde a un país en paz.

Advierten que «sobre estas propuestas radicadas en la Mesa desde el año anterior no ha habido respuesta alguna».

Subrayan que el fondo propuesto por el gobierno puede «convertirse en la torta de la discordia para la clase política.

Finalmente precisan:

La premura con que se hacen “alistamientos” desde el Ministerio del Posconflicto para 18 proyectos prioritarios de la “Estrategia de Respuesta Rápida”, -que ni han sido definidos en la Mesa, ni corresponden a los desarrollos de los Acuerdos Parciales-, es la que debiera tenerse para trabajar mancomunadamente en los desarrollos normativos y diseños institucionales de todo lo firmado, para que los colombianos podamos beneficiarnos de los acuerdos de paz, en el menor tiempo posible. No necesitamos planes de contingencia para la paz, necesitamos un nuevo Plan de Desarrollo para la Paz, ligado a la resolución de los puntos pendientes de la Agenda y la pronta incorporación de lo acordado en La Habana al ordenamiento jurídico, todo ello sin socavar la bilateralidad propia del proceso».