–Un oficial del Ejército Nacional y tres policías muertos y 4 uniformados más heridos, así como la parálisis del transporte, el comercio y la educación, es el balance que deja el «paro armado» de 24 horas promovido por la banda criminal «clan Úsuga» en los departamentos de Antioquia, Chocó, Sucre, Córdoba y Cesar.

El oficial asesinado fue identificado como el capitán del Ejército Andrés Lugo López, quien murió como consecuencia de la explosión de una granada que fue lanzada contra el vehiculo en el que viajaba junto con su esposa, quien resultó gravemente herida.

En el Chocó, un patrullero de la Policía, quien se encontraba de civil e iba rumbo a una cita médica fue asesinado, mientras en Puerto Berrio, en el Magdalena Medio antioqueño, fueron masacrados otros dos policías, identificados como gentes Henry Mauricio Nieto Ochoa y Jeferson Vargas Ariza.

En El Bagre, en el nordeste antioqueño, fue atacada una patrulla de policía y un agente resultó lesionado, en tanto que en Cañasgordas, en el occidente medio, fue hostigada la estación de policías pero no hubo heridos ni bajas.

En Cáceres, en Valdivia, Briceño y Tarzo fueron quemados vehículos de carga, de servicio público y particulares.

El gobierno antioqueño informó en un comunicado que en 15 localidades antioqueñas hubo algunas alteraciones en sus actividades diarias de comercio, transporte y académicas, así como en sus administraciones municipales y en otras 15 el cese de actividades fue total.

Las poblaciones más afectadas por el «paro armado» fueron Mutatá, Cáceres, Giraldo, Uramita, Arboletes, Briceño, Chigorodó, Tarazá, Valdiva, Turbo Cañasgordas, Armenia, Sopetrán, El Bagre y Segovia.

En rueda de prensa el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas lamentó el asesinato de dos uniformados, ocurridos en las últimas horas.

Se refirió en primera instancia al asesinato del capitán del Ejército Andrés Lugo López, ocurrido en Turbo (Antioquia), cuando viajaba con su esposa y su hija a disfrutar de sus vacaciones.

“El capitán estaba de civil, desarmado y fue asesinado por la explosión de una granada. Su esposa está hospitalizada en un centro médico de Urabá y la hija está fuera de peligro”, manifestó el Ministro.

El otro caso, agregó, fue el de un patrullero de la Policía Nacional que salió de Quibdó para una cita médica y fue asesinado por integrantes del ‘Clan Úsuga’.

“El hecho de que el ‘Clan Úsuga’ haya asesinado a un suboficial y un oficial de la Policía y el Ejército demuestra la cobardía de esta organización criminal, su debilidad y el estado de arrinconamiento en el que está hoy”, afirmó el Ministro de Defensa.

Villegas también se refirió a la situación en Zaragoza (Antioquia), en donde dos policías resultaron lesionados por una explosión provocada por el ‘Clan Úsuga’.

En Turbo se presentó también un hostigamiento contra un grupo de la Policía de Carreteras, que no dejó consecuencias. En Arboletes y Turbo la Fuerza Pública desbloqueó vías que algunas personas intentaron obstruir. En Tarazá y Puerto Valdivia se registró la quema de una tractomula y un taxi, respectivamente.

Los alcaldes de Sincelejo y Montería, apuntó Villegas, reportan que no se presentaron bloqueos. En Apartadó, Carepa e Itsmina (Chocó) hay afectaciones parciales en el comercio y el transporte.

“Quiero pedirle a la ciudadanía del Urabá que para acabar con esta banda de crimen organizado se necesita de su ayuda. Hay personas que demuestran su rechazo contra las acciones que ejecutan los integrantes de los ‘Úsuga’, y necesitamos información para dar con ellos”, reiteró el Ministro.

De otra parte, y acompañado por miembros de la cúpula militar y del Director de la Policía, el Ministro de Defensa reveló detalles de otra exitosa operación de la Fuerza Pública contra el ‘Clan Úsuga’, en la que capturaron a 33 de sus integrantes.

Esas capturas se registraron en Chocó, Antioquia, Santander, Sucre y en Cundinamarca. Muchos de ellos fueron sorprendidos con armamento, equipos de intendencia e información de gran interés para que nuestra Fuerza Pública siga luchando contra esta célula mafiosa”, indicó.

Finalmente informó que durante una operación del Ejército y Policía fueron recuperados cuatro menores de edad que habían sido reclutados de manera forzada por el Eln; de igual manera, reveló, que se entregó el segundo cabecilla de la estructura ‘Héroes de Tarazá’, del frente de guerra ‘Darío Ramírez’.

“Esta es una buena noticia para las familias de esos menores, que termina además con el desmantelamiento de esa célula delictiva que tanto daño hizo en esa zona de Antioquia”, concluyó.

REPORTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

A su turno, la Defensoría del Pueblo informó que de acuerdo con los reportes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) varios municipios de Antioquia, Chocó, Córdoba y Norte de Santander paralizaron el servicio de transporte por carretera y fluvial, y se cerraron colegios y comercios.

La Defensoria reportó paralización absoluta en Lorica (Córdoba), Riosucio (Chocó), Apartadó y Turbo (Antioquia), así como en otros puntos del país la obstrucción de vías, la interrupción de clases en colegios y la pintura de grafitis en casas y vehículos que causaron temor en los habitantes.

En un reporte inicial del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), se informó de afectaciones en la movilidad como en el sector del Planchón de Valencia, que une a Córdoba con el Urabá. Desde Tierralta, Valencia, Moñitos, Canalete y Los Córdobas no se están despachando vehículos hacia Montería. Entre tanto, los 15 planchones que movilizan a la población entre Cereté y Lorica, dejaron de funcionar.

Además de la falta de transporte, en los municipios de Achí, Montecristo y Tiquisio, en el sur de Bolívar, en algunos colegios se decidió suspender clases como medida de prevención.

En zona rural de Cúcuta, en el corregimiento de Guaramito, los profesores devolvieron a los alumnos a sus casas como medida preventiva de seguridad, debido a las amenazas de los grupos ilegales de quemar los vehículos en la zona. Entre tanto, en San Onofre, Sucre, el comercio no abrió.

Antioquia ha sido un departamento muy afectado debido a que además de la paralización en Turbo y Apartadó (en donde incluso el centro comercial fue cerrado), en otros cuatro municipios se han cometido actos delincuenciales como en Necoclí, en el sector de Mulatos, donde fue atravesado un árbol para impedir la libre movilidad. Situación similar a la que ocurrió en el sector de Balsillas, de San Juan de Urabá, donde una tractomula fue dejada en la vía.

También se reportó la pintura de grafitis con las iniciales de AGC en la oficina del punto de atención a víctimas de Riosucio (Chocó), en la Institución Educativa Nueva Colonia, la Iglesia y una oficina de apuestas en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo; así como en el barrio San Marino, de Carepa, en donde siete viviendas y cinco vehículos tenían estas pinturas.

Por otra parte, también en Antioquia, las autoridades reportaron hostigamientos y disparos a los Escuadrones Motorizados Rurales (ESMOR) en el sector conocido como Puente de Arcua, en la vía que comunica a los municipios de Apartadó y Turbo, y en un puesto de control de la Policía en Chigorodó, sin que se presentaran heridos. De igual manera, se han registrado restricciones a las actividades de comercio, transporte y educación en los municipios de Uramita, Cañasgordas y Briceño.

Por último, en un hecho que hace parte de las investigaciones de las autoridades, se informó del asesinato de un militar en la región del Urabá, quien manejaba un vehículo particular, en el que se movilizaba con su esposa y su hija. Las circunstancias no son claras en cuanto al grupo ilegal que cometió el crimen.

La Entidad había advertido del accionar del AGC y por eso el Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao Cabrera, solicitó el pasado miércoles a los ministros de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; del Interior, Juan Fernando Cristo, y a la Viceministra de Asuntos Políticos, Sandra Devia, la adopción de medidas urgentes efectivas de seguridad para mantener el orden público en las regiones de influencia de las AGC.

Para el Defensor del Pueblo “es grave que los grupos armados ilegales estén afectando los derechos de la comunidad, tanto por las amenazas y acciones violentas, como por el confinamiento y el no acceso a servicios esenciales como la educación”.

A través del SAT, la Entidad había informado sobre la ocurrencia de hechos delictivos por parte de las AGC en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Santander y Sucre, en donde se seguirá manteniendo la labor en terreno para informar y prevenir violaciones de derechos humanos en contra de la población civil.