La directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Riveros Dueñas, reiteró este martes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, la decisión irrestricta del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, de fortalecer y proteger a las organizaciones de Derechos Humanos y a sus integrantes como garantes de la democracia.

«El Estado colombiano está convencido de que el fortalecimiento de las organizaciones de defensores de los derechos humanos; el tenerlos como interlocutores legítimos y construir desde sus recomendaciones la política pública integral para permitir el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, no solo robustece la democracia, sino que constituye el fundamento ético de la construcción de Estado”, dijo Riveros Dueñas.

Aseguró, además, que se necesitan “organizaciones sociales fuertes, ciudadanos capaces de participar –no en el sentido de estar solo presentes-; ciudadanos capaces de comprometerse, de decidir y tenerlos como coequiperos de construcción en la diferencia”.

Durante su intervención, la directora reconoció que en el país los defensores y defensoras son “etiquetados, estigmatizados”, lo que conlleva mayores riesgos para el ejercicio de su labor, por lo cual, dijo, que el Ministerio del Interior trabaja en los territorios para comprometer a las autoridades civiles y militares a rodear de garantías esta labor, así como visibilizar a las organizaciones y posicionarlas como interlocutoras legítimas del Estado.

Igualmente, la cartera política, de la mano con la sociedad civil y la comunidad internacional, está en la búsqueda concertada de soluciones a los problemas en escenarios como las Mesas Nacionales y Territoriales de Garantías para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Mesa Única Nacional Cumbre Agraria, Étnica y Popular y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Reducción de la violencia

La funcionaria destacó que por primera vez, en casi cuatro décadas, Colombia registró “la tasa de homicidios más baja en casi 40 años; se ha disminuido el desplazamiento forzado en casi 80 por ciento en los últimos cinco años, casi en la mitad los secuestros y en más de un 90 por ciento el reclutamiento de menores”.

La directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, agregó que “eso muestra que Colombia es un país en desarrollo en materia de derechos humanos”. Sin embargo, dijo que la situación de los defensores y defensoras constituye una de las más serias preocupaciones para el Gobierno Nacional. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor desde todos los frentes”.

Por ello, destacó que, por primera vez, el Estado y Sociedad Civil se han puesto de acuerdo para investigar de manera urgente casos específicos de amenazas y asesinatos a defensores. Producto de este trabajo ya hay tres sentencias condenatorias, cuatro órdenes de captura, dos imputaciones y tres acusaciones por homicidios ocurridos en 2015.

Así mismo, sostuvo que, permanentemente, el Ministerio del Interior analiza problemáticas específicas puestas de manifiesto por defensores y defensoras para darles respuestas. Muestra de ello es el Programa Integral de Garantías para Defensoras de Derechos Humanos, que responde a los riesgos a que se exponen las mujeres que dedican su trabajo a la defensa de los derechos humanos. Igualmente, la Política Pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística.

En la audiencia, la directora estuvo acompañada del embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz; el consejero Presidencial de los DD. HH., Rodrigo Rivera, y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fiscalía General de la Nación.