“Esto es lo mismo que ocurrió al iniciar el proceso con las FARC. No se exige la entrega de secuestrados, no se exige que cesen de atacar a la población civil y como no se colocaron condiciones, van a seguir secuestrando, más policías muertos, más soldados muertos, más ciudadanos afectados en su vida, su honra y sus bienes. Escalan el conflicto, lo mismo que hicieron las FARC. Y llega un momento en que dicen que van a cesar unilateralmente y el Gobierno considera que es un grandísimo gesto de paz”, dijo hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, frente a las nuevas acciones terroristas del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó.

El jefe del Ministerio Público lamentó que se repita la historia de concesiones y desprotección a la población civil en el inicio de diálogos formales con el ELN, advirtiendo que los colombianos serán los afectados por el accionar terrorista de una organización que utiliza la fuerza y el crimen para pretender beneficios en la negociación.

“Cuando se inicia un proceso sin condición alguna, que eso es una vagabundería, pues tenemos los desarrollos que estamos viviendo. Pero acuérdense, en dos meses se anunciará el cese unilateral y habrá júbilo, pero quedan muchos colombianos muertos y secuestrados y muchos bienes afectados”, agregó.

El jefe del órgano de control anunció que la Procuraduría ejercerá vigilancia al proceso interno de investigación disciplinaria ante presuntos nexos entre miembros del Congreso de la República con organizaciones criminales, resaltando que de no encontrarse un debido proceso en busca de responsabilidades, la Entidad ejercerá el poder preferente que le otorga la Constitución.

“Es un tema sumamente grave, devela unos vasos comunicantes entre funcionarios del legislativo con organizaciones criminales. Esas personas vinculadas al Congreso están sujetas a la investigación disciplinaria del Control Interno. Nosotros estaremos muy vigilantes y si observamos que las actuaciones internas se están tramitando en debida forma, esperaremos las decisiones prontas. Si observamos que no se están surtiendo en debida forma, ejerceremos el poder preferente para lograr establecer con claridad las razones, las causas, los responsables, las implicaciones y las redes que puedan existir”, puntualizó.

100 y más advertencias para las autoridades de Bogotá

Las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez se dieron en desarrollo de la mesa de trabajo ‘100 y más advertencias para una exitosa administración pública’, que en esta ocasión, en la sede central de la Entidad, reunió a más de 400 asistentes entre alcaldes, concejales, ediles, secretarios de despacho y funcionarios en general de la ciudad de Bogotá.

El jefe del Ministerio Público formuló observaciones y pautas para que los servidores cumplan con el deber de generar políticas públicas desde y hacia el bien común, y no en busca de aprovechamientos personales que siguen restando credibilidad a la institucionalidad.

«Hay una deformación en que incurren algunos funcionarios: creer que el capricho puede convertirse en política pública. El ciudadano tiene el derecho a estar bien gobernado y los funcionarios la obligación de gobernar bien», puntualizó.

La jornada fue presidida por el jefe del órgano de control y por el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, quien agradeció la estrategia preventiva que la Procuraduría ha desplegado por todo el país y se refirió al valor de la capacitación frente a los riesgos de ejercer la función pública. «La Procuraduría nos ayuda a acatar la ley en todos sus aspectos. Eso es muy valioso», dijo el alto funcionario.

‘100 y más advertencias’ es una estrategia preventiva de la Procuraduría General de la Nación que promueve un actuar institucional enmarcado en las disposiciones constitucionales y legales, evitando conductas que perjudiquen a la ciudadanía y al interés general. Sus mesas de trabajo ya se han realizado en los departamentos de Magdalena, Risaralda, Antioquia, Córdoba, Santander, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca, y próximamente llegarán a Caquetá y Tolima.