Ante la falta de prestación de servicios médicos y de salud en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa, prioritariamente a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884); el Consejo Directivo del INPEC decretó la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país.

Esta declaratoria de emergencia le otorga facultades especiales al director del INPEC y a la USPEC para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a la crisis carcelaria en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos, y atención urgente de los servicios de salud.

En este orden de ideas, las primeras medidas adoptadas son:

1. Realizar brigadas de salud inmediatas desarrolladas conjunta y articuladamente por una red social de apoyo conformada por las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y la fuerza pública.

2. Modificar el Manual de Funcionamiento a cargo del INPEC para que profesionales de salud que son actualmente funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales.

3. Ejecutar a la brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión.

Estas medidas de carácter inmediato no dejan de lado la estructuración de una solución de fondo a la crisis y responde a una situación urgente mientras las entidades involucradas en el sistema penitenciario adoptan las medidas de fondo para que el nuevo modelo de salud entre en vigencia.