–La Procuraduría General de la Nación advirtió en las últimas horas que los funcionarios públicos no pueden participar en la promoción de los acuerdos de paz que está firmando el gobierno con las Farc en La Habana, pues pueden ser procesados disciplinariamente por incurrir en intervención indebida en política.

“No puede habilitarse a los servidores públicos para deliberar y promocionar acerca de los acuerdos que se hayan realizado en La Habana, es decir, esto es una participación en política», precisó la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, en el marco del seminario internacional «Derecho de acceso a la información pública y transparencia».

De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, para habilitar a los funcionarios públicos para promover los acuerdos de paz, se debe tramitar una ley estatutaria distinta a la que dio vía libre a la convocatoria del plebiscito.

“Para que un servidor público pueda con la facultades que otorga esta ley deliberar y promover los acuerdos de La Habana, que son una participación en política, debe existir previamente una ley estatutaria de la misma categoría que les permita hacer o gestionar esta clase de participación frente a la ciudadanía”, indicó la viceprocuradora.

«No puede este proyecto de ley estatutaria establecerlo (el proyecto de ley sobre el plebiscito) sin que medie una ley estatutaria que permita a los servidores públicos hacerlo”, advirtió la funcionaria.

En la instalación del evento, la viceprocuradora se refirió al flagelo de la corrupción y dijo que esta Ley ha sido una herramienta ideal, que permite no solamente el seguimiento a la gestión pública sino especialmente el seguimiento a aquello que en Colombia denominamos la vena abierta de los recursos públicos, es decir, la contratación estatal”.

La funcionaria analizó fortalezas y puntos a optimizar entre sujetos obligados, promotores y entes responsables de acompañar la implementación de la Ley 1712 en nuestro país y subrayó:

“Algunos ciudadanos desconocen la normativa y en especial desconocen que esto es un derecho fundamental. Debemos seguir propendiendo por la promoción y el conocimiento de esta Ley. El Derecho de Acceso a la Información pública depende de la implementación de una serie de políticas, como lo son las atinentes a la racionalización de trámites, la atención al ciudadano y la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la publicación de contratos, la estrategia de Gobierno en Línea y la gestión documental. Se requiere que nuestro país profundice en la promulgación e implementación de una política pública, es donde debemos trabar, que integre y articule esas iniciativas”.

En el seminario internacional participaron Ana Paula Sabbag, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República; Karen Hussman, directora del Programa Actúe Colombia; Graciela Romero, de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay; y Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien reconoció el papel de Colombia en la materia y trazó retos de los estados y de la ciudadanía a nivel regional.

“La Ley es el comienzo de la historia del acceso a la información en nuestros países. La implementación es el trabajo más complejo. Sin información pública disponible es muy difícil participar en las democracias”, aseguró Lanza.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Grupo de Transparencia, promueve estos espacios de discusión y análisis en desarrollo de sus competencias constitucionales preventivas, en especial las de velar por el adecuado cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la información pública y consolidar una cultura de transparencia en el Estado colombiano.