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Gobierno niega que haya incumplido a campesinos y considera injustificado nuevo paro nacional agrario

CAMPESINOS- MARCHA 1–El gobierno Nacional ha venido cumpliendo los compromisos con la Cumbre Agraria, afirmó el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al considerar injustificado el paro nacional agrario que se anuncia a partir de la media noche de este lunes 30 de mayo en el territorio colombiano.

“Más de 1.100 horas de conversaciones y 250 mil millones de pesos se han comprometido para avanzar en el cumplimiento de los compromisos suscritos”, estableció el jefe de la cartera, a propósito de las motivaciones de la jornada de protesta expuestas por las organizaciones agrarias y campesinas.

Tras conocer el anuncio de una protesta social para el próximo 30 de mayo, el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior lamentó esta decisión por parte de las organizaciones de la Cumbre Agraria, con quienes se ha trabajado un promedio de 1.100 horas, manteniendo un diálogo permanente, que ha derivado en importantes resultados políticos y fiscales, señala el comunicado oficial.

También reitera que, jugándose todo por la paz y la reconciliación, el gobierno no ha ahorrado esfuerzos para cumplir los compromisos suscritos en 2013, muestra de ello fue la instalación de la Mesa Nacional, la cual, hasta el día de hoy, ha realizado 18 reuniones Plenarias, 5 mesas regionales, que incluyeron 75 reuniones (Arauca, Antioquia, Catatumbo, Cauca y Sur de Bolívar).

“Como consecuencia de los acuerdos logrados en este espacio, se han comprometido más de 250 mil millones de pesos”, precisa y agrega que durante este año se ha desarrollado, al más alto nivel del Estado, un seguimiento a las garantías para los integrantes de organizaciones de defensores de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que ejercen la protesta social. El Ministerio del Interior reafirma el compromiso de seguir con la tarea de incrementar las garantías a esta población.

“Este gobierno respeta el derecho que tienen los ciudadanos y sus organizaciones a desarrollar la protesta social y ofrece garantías plenas para la misma, por ello los invita a no recurrir a las vías de hecho, ya que pueden afectar la movilización y a las personas que no están participando en ella”, puntualiza el comunicado.

CIRCULAR DEL GOBIERNO

–A propósito del paro y las marchas anunciadas por las organizaciones agrarias y campesinas, el pasado viernes el Ministro del Interior envió una circular en la cual impartió precisas instrucciones a alcaldes y gobernadores para preservar el orden público y además, les indica que deben garantizar y respetar el derecho a la protesta de los colombianos.

El ministro señala que “cuando en el curso de manifestaciones comunicadas a las autoridades competentes, se presenten situaciones que generen conductas descritas penalmente o violatorias del código nacional de policía, éstas deberán ser disueltas mediante el uso proporcionado de la fuerza y con absoluto respeto de los derechos humanos”.

Los términos de la circular del jefe de la cartera política, son los siguientes:
PARA: GOBERNADORES, ALCALDES DISTRITALES Y MUNICIPALES
DE: MINISTRO DEL INTERIOR
ASUNTO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO FRENTE A LAS
PROTESTAS SOCIALES

Respetados gobernadores y alcaldes, cordial saludo:

El gobierno nacional considera que la protesta social es un derecho de los ciudadanos que debe ser respetado y garantizado por todas las autoridades presentes en el territorio nacional.

Con el fin de garantizar, por una parte, el respeto y garantía de los derechos humanos y, por otra, un eficaz mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional, les solicito, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59, numeral 3, de la Ley 489 de 1998 y 6°, numeral 7, del Decreto Ley 2893 de 2011, respetuosamente, que sus actuaciones, como responsables de la conservación y el manejo del orden público, en el marco de las protestas sociales anunciadas a partir del próximo 30 de mayo, se ajusten a las siguientes directrices:

1. El Gobierno Nacional ha manifestado a las organizaciones convocantes de la protesta social la necesidad del cumplimiento de las normas establecidas en el Código Nacional de Policía, relacionadas con el aviso que éstas deben dar a las autoridades competentes con la anterioridad debida sobre la fecha, hora y recorrido de las manifestaciones públicas. De igual manera, se ha solicitado la colaboración de dichas organizaciones para el control de personas ajenas a la protesta ciudadana que quieran desbordar los límites y cauces dentro de los cuales se debe desarrollar una manifestación pacífica y legítima de los sectores organizados de la sociedad.

2. Los Gobernadores, Alcaldes y demás autoridades de Policía deberán velar por el respeto a los derechos de la ciudadanía y la garantía constitucional del derecho a la protesta. De tal manera que, cuando en el curso de manifestaciones comunicadas a las autoridades competentes, se presenten situaciones que generen conductas descritas penalmente o violatorias del código nacional de policía, éstas deberán ser disueltas mediante el uso proporcionado de la fuerza y con absoluto respeto de los derechos humanos.

3. En casos de privaciones del derecho a la libertad, por razones atribuibles a comportamientos descritos en el numeral anterior, se debe asegurar por parte de ustedes el cumplimiento de las garantías constituciones y legales, relacionadas con el respeto a la dignidad humana y al debido proceso, especialmente, la puesta a disposición de las autoridades competentes de dichas personas, de acuerdo con lo establecido por la ley.

4. En el ministerio del interior, a partir del 29 de mayo, se instalará un puesto de mando unificado liderado por los Viceministros Carmen Ines Vasquez y Guillermo Rivera, en el que estarán presentes la policía nacional, el ejército nacional y la defensoría del pueblo. Desde este puesto de mando se hará un monitoreo permanente de la movilización, por lo tanto les solicitamos, en caso de que lo consideren necesario, comunicarse al mismo a través de Sandra Devia al correo electrónico Sandra.devia@mininterior.gov.coo al teléfono 3183502561 o, en su defecto, con Luz Eugenia Vasquez cuyo correo electrónico es Ivasquez@mininterior.gov.co y su teléfono móvil es el 3134103454.

Por último, cabe recordar que la Corte Constitucional, en sentencias C – 024 de 1994 y C — 117 de 2006, señaló como principios constitucionales mínimos que gobiernan el poder, la función y la actividad de policía en un Estado democrático de derecho, los siguientes:

“(i) está sometido al principio de legalidad;
(ii) su actividad debe tender a asegurar el orden público;
(ii) su actuación y las medidas a adoptar se encuentran limitadas a la conservación y restablecimiento del orden público;
(iv) las medidas que tome deben ser proporcionales y razonables, y no pueden entonces traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada, (y) no pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores;
(vi) las medidas policivas debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra guíen ejerce legalmente sus libertades;
(vii) que dichas medidas se encuentran sometidas a los correspondientes controles judiciales”.

Con base en lo expuesto, los insto señores gobernadores y alcaldes, muy respetuosamente, a la observancia de tales medidas, las cuales requieren del concurso y la responsabilidad de todas las autoridades de la república, par adecuado manejo y conservación del orden público, con motivo de las protestas anun das todo el territorio nacional desde el día 30 de mayo de 2016.

Atentamente,

JUAN FERNDO CRISTO BUSTOS
Ministro del Interior
EL PARO AGRARIO
Según los organizadores del paro, estos son los 8 puntos que el gobierno Nacional ha incumplido:
Tierras, territorios y ordenamiento territorial: En este punto las comunidades le han exigido al gobierno que sean ellas las que redefinan como se organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios afrocolombianos. Territorios que se ha visto afectados por la nplementación de un modelo agroindustrial y mineroenergético que esta genenrando despojo en los territorios.
La economía propia contra el despojo: Las diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la ley ZIDRES que ha promovido inversión por parte multinacionales y agroindustriales, afectando a los pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus prácticas culturales. A su vez plantean la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria a través de proyectos institucionales que estén hechos a partir de la realidad de las comunidades. De otro lado expresan que las comunidades también deben participar de la construcción de lo que sería una Reforma Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.
Minería, Energía y Ruralidad: Las últimas licencias otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales para la explotación del subsuelo ha incumplido con los acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta previa a las comunidades para los proyectos de extracción y explotación del subsuelo, y el replanteamiento de una política minero energética más amigable con la tierra.
Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia: Las comunidades y organizaciones exigen al gobierno la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, garantías y respeto a los derechos humanos para las comunidades, debido a las situaciones de hostigamientos que se han presentado en diferentes territorios , a su vez exigen que se establezca una política real que confronte al paramilitarismo que se encuentra activo y amenaza a las comunidades diariamente.
Paz, Justicia Social y Solución Política: Las comunidades y organizaciones aplauden y apoyan los avances en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, sin embargo hacen un llamado a la mesa de diálogos para que se involucre al movimiento social y popular en la discusión del proceso para construir una paz vinculante y participativa.
Derechos Sociales: Diferentes sectores del movimiento social han expresado la vulneración a derechos como la educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación en la medida de que aún no se garantizan a toda la población colombiana y se profundiza cada vez más la crisis de desfinanciación estatal a hospitales y universidades públicas.
Relación Campo – Ciudad: Las comunidades le exigen al gobierno nacional la defensa del agua como un derecho fundamental y la protección a las fuentes hídircas afectadas por la otorgación de títulos mineros en diferentes regiones donde se encuentran. Además demandan frenar la venta de empresas públicas como la ETB.
Cultivos de Coca, Marihuana y Amapola: Las comunidades insisten en que las políticas antidrogas del gobierno Nacional son un fracaso y decisiones como la fumigación manual con glifosato solo demuestran la arbitrariedad e improvisaciónque el mismo tiene frente a la visión y tratamiento de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Por ende exigen la creación de programas de sustitución gradual, concertada, estructural y ambiental de estos cultivos.
De acuerdo con Gimmy Moreno, vocero de Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, el 30 de mayo es la hora cero para dar inicio al Paro, pero la duración de este dependerá de la voluntad de sentarse a negociar por parte del gobierno y la negociación se hará en caliente, es decir en el marco de la movilización de las comunidades.
“Como Cumbre Agraria llevamos ya casí 2 años con una mesa de negogiación y el gobierno resume la soluciones en pequeños proyectos pero en el marco de avanzar en temas más concretos el gobiernos cierra las puertas. La movilización es producto del incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de la negociación de los 8 puntos del pliego”
Finalmente señalan que el paro es convocado por todos los sectores que se agrupan en la plataforma Cumbre Agraria, Étnica y Popular, además participaran diversos sectores del movimiento social como las organizaciones estudiantiles y se realizarán movilizaciones en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Cucúta, Popayán.