El Decreto 248 del 14 de junio de 2016, no es una medida restrictiva para mejorar la movilidad en Bogotá, es una política contradictoria, pues se aprueba el pago cuatro millones para que salga a la vía pública los vehículos particulares y se restringe al Transporte Especial, dice Acoltés.

La norma que se iniciará pedagógicamente a partir del 14 de julio y con sanciones económicas a partir del 29 del mismo mes, perjudicará a los contratantes del servicio de Transporte Especial con sus respectivas empresas ya que tendrían que modificar sus contratos o desistir de estos y las empresas tendrán que aumentar su parque automotor, para suplir la demanda del servicio en los días de pico y placa.

Esta situación implicaría que si se tenían 100 vehículos al servicio, se pasaría a 120, pues 20 de los 100 que se tenían estarían cumpliendo con el decreto del pico y placa, emitido por la Alcaldía de Bogotá. El número podría crecer dependiendo de la cantidad de vehículos que se tenga por empresa.

Por otra parte, el aumento del tráfico en la capital se centra específicamente por la falta de leyes, decretos o medidas radicales para controlar el transporte ilegal en la ciudad, como la compra de vehículos de placa blanca para evitar el pico y placa de particulares e incluirlos con las plataformas tecnológicas UBER y Cabify.

Estas tecnologías siguen incitando a los propietarios de los vehículos privados a prestar un servicio de transporte informal sin control y retando tanto al Gobierno Nacional como a la Administración de la ciudad con la creación de nuevos servicios, como UBER X y UBER POOL.

Para el Presidente Ejecutivo de Acoltés, Lupoani Sánchez Celemín, la medida no es la solución para mejorar la movilidad en Bogotá.

“Este no es un decreto que viene a la medida, este es un decreto para calmar una amenaza de paro de los taxis amarillos contra la plataforma tecnológica UBER”, a su vez manifestó, “cómo se expide un decreto restringiendo el servicio de Transporte Especial y por otro lado le permitimos al particular pagar cuatro millones de pesos para que salga a la vía pública; entonces hay una contradicción de la política”, puntualizó Sánchez Celemín.

Vale la pena a notar que para la construcción de dicho decreto solo se tuvo en cuenta al sector en dos reuniones, tal cual se manifiesta en los considerandos del mismo, sin profundizar y tener en cuenta las recomendaciones realizadas.

Finalmente, Acoltés, utilizará todas las medidas legales y jurídicas para demandar este decreto que afecta a las empresas y los contratos de los prestadores del servicio quienes devengan un salario por su trabajo.