El organismo de control reiteró su disposición para oficiar como mediador y buen componedor, a fin de que las partes regresen a la mesa y no se levanten sin un acuerdo definitivo.

Un llamado de urgencia al Gobierno Nacional y al gremio de los transportadores de carga para que reanuden y aceleren las conversaciones encaminadas a superar el paro camionero que ya completa 31 días en el país, formuló la Defensoría del Pueblo al reiterar su disposición para oficiar como mediador y buen componedor de cara a la solución de esta parálisis.

El organismo de control adscrito al Ministerio Público consideró que ante los efectos de la protesta no es posible prolongar la búsqueda de una solución, pues las consecuencias en materia de desabastecimiento, alza en los productos de la canasta familiar, restricciones ocasionales a la movilidad e impacto en la economía nacional, han derivado en la vulneración de derechos para miles de ciudadanos.

La Defensoría, que desde un primer momento ha acompañado el proceso de negociación mediante la promoción de un diálogo transparente, y que conserva su dispositivo humanitario de apoyo en 24 regionales del territorio nacional, ha observado especial afectación en departamentos como Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cesar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.

No obstante la voluntad de las partes, las marcadas diferencias para concertar el tema de las compensaciones económicas han impedido avanzar hacia un arreglo definitivo y por el contrario han propiciado un escalamiento en el conflicto social, reflejado en bloqueos transitorios, daños a bienes civiles, disturbios, restricciones a la misión médica en algunos casos, así como personas detenidas y lesionadas.

La Defensoría del Pueblo estima que es momento de asumir una actitud responsable con el país, y por lo tanto corresponde a los equipos negociadores regresar a la mesa y no levantarse hasta alcanzar una salida que satisfaga al Gobierno y a los transportadores, pero que al mismo tiempo garantice los derechos de la mayoría de los colombianos.