–La Procuraduría General de la Nación oficializó el pliego de cargos contra el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y los altos mandos militares por omisión en el cumplimiento de su deber por la ocupación armada que realizaron las Farc al caserío del corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, en la Guajira, para supuestamente socializar con la ciudadanía los acuerdos de paz de la Habana.

Además del ministro Villegasm, los procesados por los hechos registrados el 18 de febrero pasado, son el comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán; el comandante general del Ejército Nacional de Colombia, general Alberto José Mejía Forero; el comandante de la Primera División del Ejército Nacional, brigadier general Jorge Enrique Navarrete Jadet; y el comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional, brigadier general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez.

Según la Procuraduría, los investigados estaban al tanto de la situación y, pese a ello, no adoptaron las medidas necesarias tendientes a cesar el contacto de la población civil con miembros uniformados y armados de la guerrilla de las Farc.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de febrero, cuando más de dos centenares de guerrilleros uniformados y fuertemente armados se «tomaron» el caserío de Conejo, donde permancieron todo el día haciendo supuestamente “pedagogía por la paz”.

Advierte la Procuraduría que este hecho puso en riesgo a la población civil e impedió que pudieran ejercer sus derechos y libertades en forma efectiva y plena.

A juicio del Ministerio Público, el ministro de Defensa nacional podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por presuntamente haber omitido el deber de dirigir la actividad administrativa con el propósito de que cesara el contacto de miembros armados y uniformados de las Farc con la población civil en el citado corregimiento del municipio de Fonseca.

La Produraría también cuestionó la conducta de los mencionados comandantes, quienes habrían omitido su deber de garantizar la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, pues no habrían adoptados las medidas efectivas para que cesara el contacto de la población civil con los integrantes de esta organización, con lo cual no se habrían garantizado la vida, honra, bienes y creencias de la población civil que habitaba en esta zona del país.

La conducta atribuida a cada uno de los investigados fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.

En ese sentido, advierte el órgano de control que “hasta este momento no aparece probado en el proceso que con su actuar tuvieran el conocimiento y la voluntad inequívoca de transgredir las normas constitucionales, (…) sino que su actuar fue negligente y por ello de manera definitiva el aspecto subjetivo se califica a título de culpa grave (…)”.