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Colombia deporta a 22 migrantes haitianos que ingresaron por la frontera con Ecuador

La ruta de los migrantes
La ruta de los migrantes
–En momentos en que más de mil 200 cubanos causan una emergencia social en Turbo, Antioquia, sobre la costa caribe colombiano, al otro extremo del territorio colombiano, en el departamento de Nariño, fueron interceptados y deportados 22 migrantes haitianos que ingresaron ilegalmente por la frontera con Ecuador.

Según el comando del Ejército los migrantes haitianos fueron descubiertos en un puesto de control establecido por efectivos del Batallón Especial Energético y Vial No. 20 adscrito a la Vigésima Tercera Brigada, en desarrollo de la fuerte ofensiva y las permanentes operaciones que vienen adelantando las tropas de la Fuerza de Tarea Pegaso, orgánica de la Tercera División en la zona fronteriza con el Ecuador.

En el operativo realizado por tropas del Ejército Nacional se produjo la captura de dos sujetos de nacionalidad colombiana que transportaban a los ciudadanos haitianos y los cuales serán judicializados por tráfico de personas.

Los 22 haitianos — 10 hombres, 9 mujeres y 3 menores de edad–, eran transportados en condiciones precarias dentro de un tracto camión, sin ningún tipo de documentación de ingreso al país, el cual fue interceptado en el kilómetro 20 de la vía panamericana que conduce de Ipiales a Pasto, exactamente en jurisdicción del corregimiento de San Juan, del municipio de Ipiales, departamento de Nariño.

Las dos personas capturadas como responsables del transporte de los migrantes fueron identificadas como Richard German Acosta Campaña y José Luis Coral Trejo,

Los ciudadanos Haitianos pasaron a disposición de Migración Colombia y los dos capturados por el delito de tráfico de migrantes fueron conducidos hacia la Fiscalía 25 de Ipiales en espera de la audiencia concentrada de legalización de imputación y medidas de aseguramiento.

LA EMERGENCIA SOCIAL

El tráfico de migrantes por territorios se ha convertido en un grave problema social, tal como lo ha establecido la Defensoría del Pueblo, sobre la situación de mil 273 cubanos que se hallan varados en el municipio antioqueño de Turbo, ubicado en la costa Caribe colombiana.

El grupo de migrantes incluye 452 personas de sexo femenino y 821 de sexo masculino, entre las que se cuentan niños, niñas y adolescentes, de los cuales 24 requieren atención urgente en salud por distintas enfermedades, advirtió la Defensoría.

Hay 11 mujeres gestantes (incluida una menor de edad), 426 universitarios y que apenas 60 personas comen tres veces al día, ya que la mayoría 962 solamente puede hacerlo una vez en las actuales condiciones, complementó el organismo de control humanitario colombiano.

Además señaló que constató factores de alto riesgo en salubridad por la presencia de vectores (insectos y roedores) dentro de los albergues improvisados, evidente cercanía entre el lugar de preparación de los alimentos y el sitio para la disposición de desechos en estado de descomposición y más grave aún, solo hay cuatro baterías sanitarias para los 1.273 migrantes.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo llamó la atención del Gobierno Nacional y las autoridades competentes para que mientras se surten los procedimientos administrativos de ley, se adopten las medidas necesarias para garantizar la convivencia de estas personas en condiciones dignas, sin que se afecten su integridad y derechos fundamentales.

El órgano de control adscrito al Ministerio Publico alertó sobre los efectos del fenómeno migratorio, en muchos casos asociado a la trata de personas, que según cifras oficiales el año pasado dejó 7 mil víctimas en 115 países del mundo de las cuales el 13% resultaron ser menores de edad según los reportes de la OIM.

Entre 2015 y lo que va corrido del presente año, la Defensoría del Pueblo ha acompañado 53 casos de víctimas de este flagelo en el país, siendo las principales modalidades la explotación sexual, laboral, seguida por el matrimonio servil, el reclutamiento ilícito y la servidumbre. Las regiones con mayor incidencia son Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar, Atlántico y el Distrito Capital.

Así las cosas, la Defensoría considera indispensable fortalecer los mecanismos de control para contrarrestar este delito a partir de políticas públicas con énfasis en la prevención, protección y asistencia a las víctimas, sin obviar la persecución de la llamada esclavitud del siglo XXI y la articulación institucional para aplicar la estrategia nacional, decretada el pasado 24 de junio, de manera eficaz y teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y de género en cada situación.