Al desplazamiento de familias por enfrentamientos con el ELN en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, se suma el homicidio de cuatro personas en ese mismo departamento y tres más en Cauca, la mayoría miembros de comunidades indígenas y campesinas.

Además de la emergencia humanitaria suscitada por el desplazamiento de 45 familias debido a enfrentamientos con el ELN en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, la Defensoría del Pueblo registra con profunda preocupación el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país, también matizada por varios homicidios ocurridos en las últimas horas.

Precisamente en ese mismo departamento, fue reportado el asesinato de los hermanos Alberto y Luciano Pascal García, pertenecientes a la comunidad indígena Awá, en momentos en que se desplazaban desde el municipio de Llorente hacia el resguardo Palangala- Hojal La Turbia, cerca de las 10 de la mañana de este lunes. Una de las víctimas, según las versiones allegadas a este organismo de control, alcanzó a ser trasladada por integrantes de la guardia indígena a la ESE Hospital San Andrés de Tumaco, pero infortunadamente falleció.

Estos lamentables hechos se suman a la muerte violenta de Diego Alfredo Chirán Nastacuas, también indígena, quien fue interceptado por desconocidos que en un vehículo lo condujeron a la verada Las Marías del corregimiento El Diviso, en el municipio de Barbacoas, donde le dispararon en 7 oportunidades.

Por si fuera poco, el pasado viernes 26 de agosto también fue asesinado el líder indígena Camilo Roberto Taicus Bisbicus, aparentemente víctima de un fleteo luego de retirar una suma de dinero de una entidad financiera en Tumaco, durante hechos cometidos en el sector Buenos Aires por tres hombres que se movilizaban en motocicletas y hacia las 5 y 30 de la tarde de ese día le dispararon sin mediar palabra.

Infortunadamente, hace pocas horas se conoció el homicidio de otras tres personas, esta vez en el departamento del Cauca. Estos criminales acontecimientos sucedieron en la vereda La Herradura del municipio de Almaguer, cuando tres campesinos de la zona, identificados como Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo, se dirigían en un vehículo hacia el mercado Yacuanas, encontrándose con un supuesto retén ilegal de 6 hombres fuertemente armados sin brazaletes ni identificación, quienes los habrían conducido a la vereda Monteoscuro, donde fueron encontrados boca abajo y con impactos de arma de fuego.

La Defensoría del Pueblo condena estas expresiones inaceptables de violencia selectiva y solicita a las autoridades competentes adelantar con urgencia las investigaciones necesarias para aclarar la autoría de las mismas, así como adoptar las medidas a que haya lugar para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.

Lo peor, es que al panorama de criminalidad en la región se suman situaciones de carácter social agravantes, como ocurre en Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño), donde al desplazamiento por los combates con el ELN se añade un paro de trabajadores en el Centro de Salud, viéndose afectada la atención a los usuarios. Sin embargo, por intermediación de este organismo humanitario y junto a la Secretaría de Salud y a la Personería, se logró en las últimas horas un compromiso para garantizar la asistencia en el servicio de urgencias, así como a los desplazados, incluida una madre gestante que registró complicaciones al huir de las hostilidades.