Política

Consejo de Estado admitió demanda del procurador Ordoñez contra «blindaje jurídico» del acuerdo con las Farc

Consejo de Estado
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–El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado confirmó este miércoles que el Consejo de Estado admitió la demanda que instauró contra el «blindaje jurídico» del acuerdo suscrito entre el gobierno y las Farc, pero negó la suspensión provisional solicitada por el jefe del Ministerio Público.

Al efecto, el Procurador señala que aunque el Consejo de Estado denegó la solicitud que había hecho la Procuraduría de suspender provisionalmente los numerales V y VI del Acto Político contenido en el Comunicado Conjunto No. 069 del Gobierno y las Farc, que dan efectos internacionales al Acuerdo Final sin someterlo a la voluntad popular, recuerda que el Gobierno Nacional no puede realizar las tareas allí pactadas sin que se cumpla y den los resultados de la refrendación popular en los términos que señala la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional.

Al respecto explica que el alto tribunal estableció que “en tanto el Acuerdo Final corresponde a una decisión política del presidente (…) al pueblo convocado en plebiscito le corresponde aprobar o improbar dicho acuerdo”.

En este sentido, añade que el Consejo de Estado sostuvo que lo anunciado por Gobierno y las Farc en el Comunicado Conjunto No. 069 del 12 de mayo de 2016 son “dos misiones sometidas a la condición inevitable de que el Acuerdo Final ya firmado por los equipos negociadores de las partes, sea finalmente suscrito por el país mediante el plebiscito por la paz”.

Por lo tanto, el jefe del Ministerio Público llama la atención del Gobierno Nacional para que se abstenga de depositar en la sede de los Convenios de Ginebra el Acuerdo Final y hacer una declaración unilateral ante las Naciones Unidas pretendiendo la acogida y vigencia internacional del mismo, sin que el pueblo lo haya aprobado mediante el plebiscito anunciado para el 2 de octubre.

Este último, a fin de que se asegure que el pueblo colombiano en realidad tenga la última palabra, concluye el pronunciamiento del procurador.