–La utilización de los recursos del Estado de forma indebida, demuestran que frente al Plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar», aseguró el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado.

El pronunciamiento lo hizo el jefe del ministerio público al anunciar una demanda ante el Consejo de Estado contra la directiva que expidió este martes el presidente Juan Manuel Santos sobre la campaña para el plebiscito, la cual calificó como «una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la Ley, y desconozcan la sentencia C 379 de 2016 de la Corte Constitucional».

«Señor presidente: hacer trampa en el plebiscito deslegitima los resultados del 2 de octubre», le dice Ordoñez Maldonado al jefe del Estado en el comunicado que expidió este martes y cuyo texto integral es el siguiente:

La orden del presidente a todos los servidores públicos de utilizar bienes del Estado y recursos públicos para la campaña del plebiscito es un abuso de poder orientado a imponer, por todo los medios, legales e ilegales, la decisión compartida del Gobierno y de las Farc, afirma Ordoñez en un comunicado.

El procurador advierte que «la utilización de los recursos del Estado de forma indebida, demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar».

El texto integral del comunicado de Ordoñez Maldonado es el siguiente:

La legitimidad del plebiscito depende no solamente de las mayorías que se expresen en las urnas, sino del respeto absoluto a las leyes y a la sentencia de la Corte Constitucional.

El día de ayer el presidente de la República, Juan Manuel Santos, expidió la directiva presidencial No. 5 respecto a la participación de los servidores públicos en las campañas del plebiscito.

Tal directiva constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la Ley, y desconozcan la sentencia C 379 de 2016 de la Corte Constitucional.

Esta tarde presento demanda ante el Consejo de Estado contra dicha directiva y expido un documento que precisa las condiciones en que los servidores públicos pueden participar en el plebiscito, en acatamiento riguroso de la jurisprudencia constitucional.

A la Procuraduría le corresponde la vigilancia de la conducta de los servidores públicos para garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico. Del mismo modo, el Ministerio Público debe garantizar la transparencia de los mecanismos de participación ciudadana y el derecho fundamental al voto.

La orden del presidente a todos los servidores públicos de utilizar bienes del Estado y recursos públicos para la campaña del plebiscito es un abuso de poder orientado a imponer, por todo los medios, legales e ilegales, la decisión compartida del Gobierno y de las Farc.

La Procuraduría ha recibido múltiples quejas de alcaldes y gobernadores. Denuncian la presión del Gobierno Nacional. Están atemorizados. Temen que se castiguen sus departamentos y municipios con reducción de recursos públicos, si no hacen campaña a favor del Acuerdo Santos/Timochenko.

Señor presidente: hacer trampa en el plebiscito deslegitima los resultados del 2 de octubre.

Doctor Santos: El presidente de la República está obligado a respetar la Constitución. Por más que usted lo diga, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana y si lo hace es porque ya no estamos en una democracia sino en una dictadura.

Desconocer la sentencia de la Corte Constitucional y confundir a los ciudadanos con publicidad engañosa, que iguala el derecho a la paz con el Acuerdo Santos/Timochenko, deslegitima el plebiscito.

Deslegitima el plebiscito también que se eliminen los controles efectivos sobre las autoridades.

El presidente rechaza el control de la Procuraduría porque considera que ningún órgano del Estado lo puede o lo debe controlar. Ordena a los servidores públicos “no pararle bolas” a los organismos de control

La directiva emitida por el presidente, la política de extorsión y chantaje que el Gobierno implementa contra las autoridades regionales, los contratistas y las empresas privadas; la utilización de los recursos del Estado de forma indebida, demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar.

Rechaza el control porque no quiere que se denuncie ante la opinión pública el fraude a las reglas del plebiscito que se está haciendo desde el Gobierno.

Rechaza las preguntas de la Procuraduría porque no quiere que se conozca los verdaderos alcances del Acuerdo.

Estigmatizan a todo aquel que no acepta someterse a lo dictado por el Gobierno y las Farc.

¡Quiero alertar a los colombianos! ¡Es mi deber! En el plebiscito se van definir las próximas tres o cuatro décadas para el país y la vida de todos.

Y el plebiscito se queda sin control. Queda en manos del presidente Santos y de las Farc.

La actuación del presidente en este momento histórico elimina las garantías y deslegitima el plebiscito.

Todos queremos la paz, pero la paz no lo justifica todo. No justifica el fraude, ni justifica que el presidente rompa la Constitución.