–Un «acto de reconocimiento público de responsabilidad» por la masacre de La Chinita, ocurrida hace 22 años, harán los cabecillas de las Farc en las próximas semanas en el mismo sitio en el cual el grupo guerrillero ejecutó a sangre fría a 35 humildes pobladores, entre ellos 2 niños.

El acto fue anunciado este lunes en un breve comunicado conjunto expedido en La Habana por los negociadores de las Farc y del gobierno, luego de una reunión que sostuvieron con representantes de las víctimas de la masacre, ocurrida el 23 de enero de 1994, en el barrio La Chinita, del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

Según el comunicado, la reunión con los familiares de las víctimas «tuvo por objetivo avanzar en el proceso derivado de la solicitud de la comunidad de La Chinita a las Farc de realizar un acto de reconocimiento público de responsabilidad por estos hechos».

«Las Farc reitera su voluntad de llevar a cabo este acto de reconocimiento de responsabilidad, y el Gobierno Nacional manifiesta su disposición de apoyar la realización del evento», subraya el documento, que concluye diciendo: «De acuerdo con la solicitud de las víctimas, acordamos que el acto público tendría lugar en las próximas semanas en Apartadó».

ASI FUE LA MASACRE DE LA CHINITA

En la madrugada del 23 de enero de 1994, por lo menos 20 guerrilleros del Frente V de las Farc, fuertemente armados, atacaron a los asistentes a una verbena popular organizada por Rufina González, en el barrio La Chinita, para recaudar dinero para el estudio de sus hijas, y en la que participaban por lo menos 500 personas.

Asi relata VerdadAbierta.com, los sangrientos sucesos:

Los insurgentes presumían que allí encontrarían a varios desmovilizados del Ejército Popular de Liberación, Epl, convertidos desde que dejaron las armas en marzo de 1991 en militantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad; y de paso, en blanco militar de las Farc.

Tulio, un habitante del barrio, afirma que esa masacre estaba anunciada y recuerda que, minutos antes, su hermano identificó a los atacantes.

“Él cuenta que cuando estaba parado en la esquina vio que iban unos manes que llevaban adelante una M60 (ametralladora de alto calibre), como él estaba recién salido del ejército dijo: ‘yo nunca he visto soldados con M60 adelante’”. Lo que vino después fue el caos. Los guerrilleros llegaron a la estrecha calle donde se realizaba la reunión y comenzaron a disparar contra los asistentes, especialmente contra los hombres.

Entre las personas asesinadas solo había dos desmovilizados. El resto eran trabajadores de fincas bananeras, habitantes del barrio, un soldado adscrito a la Brigada XI del Ejército, un poblador del barrio Policarpa, una mujer, tres menores de edad y un anciano. De acuerdo con los testimonios, los guerrilleros fusilaron a las víctimas una vez las identificaron.

Consumada la matanza, los insurgentes abandonaron el lugar y la desolación se apoderó de los sobrevivientes. Los días posteriores fueron aterradores. “De ahí pa’ acá ya quedó el nervio, ya la gente se iba a amanecer al centro, aquí quedábamos poquitos, no eran capaces de quedarse aquí, ya con ese nervio que llegaban y nos querían matar y ya los más valientes nos quedamos. Yo no salí de mi ranchito, yo solo vivía ahí, esto quedaba desolado”, evoca Euclides Angulo, un hombre de 78 años.

¿Por qué La Chinita?

Luz Marina Mosquera, quien perdió a su esposo en esa incursión armada, no vacila en decir que “aquí las víctimas fuimos todos”. Ella es una antigua invasora de lo que fuera la finca La Chinita, un predio del empresario Guillermo Gaviria que fue tomado en febrero de 1992 por unas 5.000 personas, con apoyo de los “esperanzados” y los sindicatos bananeros.

Abadía, quien es desmovilizado del Epl, recuerda que una vez los guerrilleros dejaron sus armas, se encontraron sin nada qué hacer y sin dónde vivir. “Sólo en Apartadó se concentraron 600 excombatientes. En las fincas tampoco los querían por su origen, entonces decidieron tomarse esas tierras” que hoy se conocen como el barrio Obrero de Apartadó, con 31.000 habitantes.

En aquel tiempo Urabá vivía una violenta disputa por el poder político y el control territorial. Esta región había tenido durante los años ochenta una fuerte presencia tanto de las Farc como del Epl; organizaciones que influían directamente en los sindicatos bananeros. Cuando el Epl dejo las armas, en el marco de un proceso de paz con el gobierno, las Farc señalaron a sus militantes como “traidores de la revolución”.

A eso se sumó que Esperanza, Paz y Libertad entró a competir contra la Unión Patriótica que en ese momento tenía gran influencia en las alcaldías y concejos municipales de Urabá. La competencia política y por el poder en la región ocasionó a lo largo de toda esa década lo que el investigador Andrés Suárez llamó un “exterminio recíproco”. Por lo menos 600 “esperanzados” fueron asesinados en todo el país, dos terceras partes de ellos en Urabá. Los miembros de la UP y militantes comunistas corrieron igual suerte, especialmente cuando los grupos paramilitares, a mediados de los noventa, tomaron el control de la región y acogieron a muchos de los desmovilizados del Epl.

El Consejo de Estado condenó en octubre de 2006 a la Nación por no haber brindado la protección debida a la comunidad invasora de La Chinita, y le dio la razón a don Tulio cuando dice que las autoridades de la región ya conocían sobre las amenazas de una posible masacre. “Se constató que en el lugar de los hechos y para la época, a pesar de las múltiples advertencias y solicitudes de resguardo por parte del alcalde del municipio de Apartadó, a las autoridades militares sobre amenazas en el sector, los habitantes del Barrio Obrero no disponían de ninguna clase de protección ni del Ejército ni de la Policía Nacional” dice la alta corte.

En cuanto a los responsables directos de la masacre, inicialmente las autoridades detuvieron a 28 personas, entre ellos al alcalde de Apartadó de la época, Nelson Campo Nuñez, y condenaron a algunos a penas de hasta 50 años; no obstante, el proceso fue anulado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades cometidas durante el proceso y ordenó la liberdad de todos los sindicados, algunos de los cuales pasaron más de 11 años detenidos.

Entre 1994 y 1998 fueron asesinadas aproximadamente 5 mil personas en esta región del norte del departamento de Antioquia.