Las cabezas de la Política Criminal del Estado colombiano discutieron este jueves los lineamientos que servirán para definir los mecanismos con los que se buscará superar las dificultades del sistema penal y enfrentar los fenómenos de criminalidad y crimen organizado en el país.

Dicha discusión estuvo presidida por el Viceministro de Política Criminal, Carlos Medina Ramírez, y en ella participaron la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el director del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón; y la Directora de la USPEC, María Cristina Palau. También estuvieron presentes congresistas, representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Policía y del Departamento Nacional de Planeación.

En la sesión, el Consejo Nacional de Política Criminal creó una mesa de trabajo que deberá construir un plan de acción para hacer operativas las líneas de respuesta que requiere el Estado para combatir el crimen. Entre ellas están la racionalización de la ley penal, la generación de respuestas integrales para la disminución del hacinamiento, el mejoramiento de la información disponible para la toma de decisiones, la promoción de formas de justicia restaurativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en todos los niveles del ciclo de la política pública criminal.

Los asistentes destacaron el ejercicio liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para construir una política criminal que articule las distintas perspectivas institucionales, que ahora se reflejan en un documento en el que la ciudadanía podrá conocer las respuestas que el Estado tiene previstas en cuanto a prevención, justicia penal y restaurativa y fortalecimiento institucional.

También se hizo un llamado para que el rol del Consejo Superior de Política Criminal como generador de lineamientos de política pública en la materia sea fortalecido, y se pidió continuar con el trabajo activo de sus órganos técnicos en la generación de propuestas e insumos para que el Estado colombiano avance en la discusión de una política criminal racional, coherente, eficaz y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.