Como resultado de una misión en terreno y de la gravedad de las quejas presentadas por la comunidad del corregimiento Pueblo Nuevo, en jurisdicción de San Pablo, sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo acudió ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las inspecciones de Ejército y Policía Nacional, para que se aclaren los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en esa jurisdicción.

Según la información recopilada por el ente de control para los derechos humanos en Colombia, hacia las 5 de la tarde de ese día se produjo el desembarco por vía helicoportada de unidades especializadas de la Fuerza Pública, en el marco de una operación contra El Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN.

En circunstancias que todavía resultan confusas para la Defensoría, se produjo la muerte del ciudadano Álvaro Rincón Galán, quien habría recibido disparos de fusil a la entrada de su casa y delante de su esposa e hijos de 3 y 7 años.

Luego de ocurridos los hechos, que involucrarían a personal de las Fuerzas Militares, un nutrido grupo de pobladores, aproximadamente 150 entre hombres, mujeres y niños, se agolparon a las afueras de la vivienda de la familia Rincón Delgado exigiendo la presencia de organismos humanitarios para el levantamiento del cadáver. En ese orden de ideas, la Defensoría del Pueblo acudió al lugar, donde previamente se presentaron disturbios entre los habitantes y efectivos del ESMAD, el cual se hizo presente ante la vehemente inconformidad de los pobladores frente a lo que había ocurrido.

Los funcionarios de la Defensoría fueron informados sobre las lesiones ocasionadas a 16 personas en medio de los choques, recibiendo 15 quejas por uso excesivo de la fuerza y presuntas vulneraciones a los derechos de estos ciudadanos.

Solamente hasta las 6 de la mañana del día siguiente se autorizó el acceso a la casa con piso de tierra, construcción en madera y techo de zinc, lográndose el ingreso de los familiares y el acceso de los peritos para el levantamiento del cuerpo, diligencia que fue acompañada por la Defensoría, entidad que inmediatamente y junto a la Personería Municipal inició la asistencia sico jurídica a la viuda y a los hermanos del señor Rincón Galán.

La Defensoría del Pueblo espera una pronta respuesta de los organismos de seguridad que intervinieron en el operativo y los dispositivos de control posteriores, al tiempo que exhorta a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que adelanten las investigaciones correspondientes y pueda aclararse este lamentable episodio.