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Condenan a la Nación por encarcelar a joven que había sido reclutado a la fuerza por el Eln

Niños en las filas del Eln
Niños en las filas del Eln
–El Consejo de Estado condenó a la Nación por haber privado injustamente de su libertad a un joven que fue procesado por rebelión, cuando en realidad era víctima, pues fue reclutado por la guerrilla del Eln cuando era menor de edad.

El alto tribunal estableció que el joven perteneció al Eln hasta el 2003, cuando todavía era menor de edad, pero tres años después fue capturado por la Policía y puesto a órdenes de la Fiscalía, que en octubre del 2006 lo acusó de rebelión, cuando completaba ya cuatro meses de estar detenido.

El proceso, que en un principio había sido conocido por un juez penal de Aguachica (Cesar), pero pasó después a un juez de familia en mayo de 2008, debido a que los hechos por los cuales se juzgaba al joven sucedieron cuando era menor de edad.

El 15 de mayo de 2008, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ocaña, Norte de Santander, declaró que el joven era víctima de la violencia y ordenó su libertad inmediata.

El joven y su familia interpusieron demanda de reparación directa por la detención y la actuación penal a la que fue sometido, al estimar que había sido víctima de una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

La Sección Tercera determinó que el demandante no solo fue víctima de reclutamiento forzado, sino que fue procesado por funcionarios sin competencia, puesto que los menores tienen derecho a contar con un sistema de responsabilidad penal diferenciado sometido a leyes, procedimientos y autoridades especiales.

“El ejercicio de la acción penal en este caso configuró una “revictimización” del que fuera menor reclutado forzosamente, en tanto dentro del proceso penal correspondiente se le reprochó una conducta (pertenecer a un grupo irregular) cuando en realidad era víctima de este”, dice la providencia.

La Sala agregó que al demandante se le impuso una medida de aseguramiento como si se tratara de un adulto infractor de la ley penal que se hizo efectiva en un sitio de reclusión para adultos, lo que supuso el desconocimiento de los enfoques de resocialización, rehabilitación, protección, tutela y educación propios del régimen jurídico especial.

Al efecto, el Consejo de Estado advirtió que en cuanto al juzgamiento y sanción de las infracciones a la ley penal, los menores tienen derecho a contar con un sistema de responsabilidad penal sometido a leyes, procedimientos y autoridades especiales. Este régimen jurídico singular ordena que la privación de la libertad de un menor se debe materializar de forma separada de los adultos y en procura de que sea un recurso de ultima ratio y por el periodo más breve posible.

Por esto, el alto tribunal determinó:

Condénase a la Nación-Rama Judicial a pagar a Efraín Chinchilla Uribe Martelo, por concepto de lucro cesante, la suma de diez millones trescientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cinco mil pesos.

Condénase a la Nación-Rama Judicial a pagar a Efraín Chinchilla Uribe Martelo, por concepto de daño emergente, la suma de tres millones
setecientos veintiséis mil setecientos dieciséis pesos.