–Llegó la hora de que se escuche a la justicia, proclamó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, al criticar la exclusión del Poder Judicial de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc.

El fiscal afirmó que en ningún momento se ha tenido en cuenta al sector para los acuerdos en materia de justicia que se han suscrito en La Habana y advirtió que debido a ello hay «improvisación» y «debilidad» en los textos jurídicos pactados con las Farc.

Los pronunciamientos los hizo Martínez Neira en el marco de un foro «La paz es posible», promovido por el diario El Tiempo, la Universidad del Rosario, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PUND, y la fundación Hanns Seidel.

El fiscal se refirió en concreto a la llamada justicia transicional y advirtió que la ausencia de voceros o representantes del poder judicial, ha generado una gran incertidumbre no sólo en el mismo sector judicial sino también en los beneficiarios de esa justicia transicional, como los desmovilizados y algunos terceros.

En este sentido, Martínez Neira dijo que existe un «limbo juridico» para los desmovilizados de las Farc en el tema de la justicia ordinaria y la jurisdicción transicional que fue acordada.

“No puede haber un tránsito abrupto entre la jurisdicción especial y la ordinaria y por eso creo que es importante que se oiga a los operadores de los acuerdos, lo que piensan las Cortes y la Fiscalía para la seguridad jurídica de las personas involucradas”, señaló.

«Qué se va hacer con ellos que están en incertidumbre jurídica?”, se preguntó y se respondió: “Si la Fiscalía captura mañana unas personas de las Farc que ni están en las zonas de concentración, ni de consolidación de donde se iban a desmovilizar, qué va a hacer la Fiscalía si están en este limbo, de una se trasladaría el caso a la jurisdicción ordinaria».

En su concepto la falta de conceptos presentados por las autoridades judiciales durante las negociaciones del acuerdo referente a la justicia puede generar una “fractura” en la implementación del acuerdo final.

“Las cortes y la Fiscalía creemos en La Paz y no queremos obstruirla”, precisó.

Hizo énfasis en la necesidad de seguridad jurídica en el acuerdo del fin del conflicto y en este sentido se preguntó si habrá tutela para las sentencias del tribunal especial.

Se refirió igualmente a la cosa juzgada y dijo que las cortes han reiterado en privado que la revisión de este procedimiento plantea una inseguridad jurídica manifiesta, pues no está claro si puede abrir casos ya resueltos.

«La seguridad jurídica debe ser un objetivo ineludible del acuerdo de paz», advirtió el Fiscal.»Queremos la seguridad jurídica. Es un elemento fundante del Estado de Derecho», complementó.
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En su opinión “certezas jurídicas pueden ser el camino para llegar a un acuerdo político”.