El Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le dio un plazo de 10 días a las autoridades tanto distritales como nacionales a rendir un informe en el que expliquen si las vigencias futuras aprobadas por el Concejo para financiar el metro de la ciudad corresponden a un sistema elevado o, por el contrario, a uno subterráneo.

El concejal Hollman Morris (Progresistas) fue quién interpuso la acción de cumplimiento. Para el cabildante, el recurso pretende que se haga el metro subterráneo en Bogotá, teniendo en cuenta que es el único que cuenta con estudios que avalan su pertinencia.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene en la mira a 28 concejales de Bogotá. El ente investigador verifica si ellos cometieron un delito al aprobarle al alcalde de Bogotá las vigencias futuras por $4,1 billones para financiar el 30 % del metro.

El ente investigador indaga si los concejales incurrieron en prevaricato al aprobar las vigencias futuras sin que la obra cuente con estudios de detalle, como manda la ley.

Al parecer, el alcalde Peñalosa solicitó la aprobación de esos recursos a sabiendas de que los destinará al metro elevado que pretende construir (que carece de esos estudios) y no al subterráneo (que ya cuenta con estos).

Cabe mencionar que las vigencias futuras fueron aprobadas por el Concejo en abril pasado; sin embargo, pasados ocho meses, la Administración Distrital no las ha utilizado.