–Apenas unas horas después de que la Corte Constitucional diera vía libre al «Fast Track» para reducir tiempos y agilizar el proceso legislativo, el gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el primer proyecto de implementación del Acuerdo de Paz. Es el de Amnistía e indulto para los integrantes de las Farc.

“Esta ley es fundamental porque da respaldo y certezas jurídicas a los integrantes de las Farc para garantizar su desarme y desmovilización y también incluye un alivio para integrantes de la fuerza pública con lo que daremos un gran avance en justicia transicional”, señaló el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo al radicar la iniciativa en la secretaría del Senado.

El proyecto de Amnistía e Indulto, comenzará a ser discutido en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara el próximo lunes y se prevé que el 28 y 29 de diciembre se debatirá y votará en las respectivas plenarias.

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano anunció que este miércoles serán elegidos los ponentes y será radicado el texto con el que se inicia la discusión. El lunes 19 de diciembre se iniciará el debate y la aprobación en las comisiones primeras conjuntas. Y se espera que entre el 26 y 28 de diciembre esta iniciativa quede aprobada en plenarias», señaló Lizcano.

El ministro del Interior anunció que en los próximos dos días se presentarán al Congreso otros proyectos de Reforma Constitucional vitales para llevar a la práctica los pactos del fin del conflicto.

Entre ellos citó el Acto Legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, el Acto Legislativo para la creación del nuevo partido político que surja de la desmovilización y el desarme de las Farc, la creación mediante ley de la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y el Acto Legislativo que incorpora un artículo transitorio en la Constitución estableciendo la obligación del Estado de cumplir con los acuerdos de paz “de buena fe”, entre otros.

“Estamos seguros de que el Congreso seguirá demostrando su compromiso con la paz garantizando una adecuada y eficaz implementación de los acuerdos durante los próximos seis meses que durará este proceso”, concluyó el ministro Cristo.

Por su parte el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó que el proyecto de Amnistía “consolidará el cese al fuego y de hostilidades definitivo y bilateral. Además beneficiará a los integrantes de la fuerza pública que no han cometido delitos graves y quienes hayan cumplido determinado tiempo de condena gozarán de libertad condicional”.

Agregó que “en total los beneficiados por Justicia Transicional son 5 mil 500 de los cuales mil 200 están cumpliendo sentencias o detenidos bajo investigación”.

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, reiteró que “no son amnistiables los delitos que van en contra del Derecho Internacional Humanitario o del Tratado de Roma como genocidio, reclutamientos de menores, o delitos sexuales”.

Sobre el contenido y los alcances de la iniciativa el ministro de Justicia hizo las siguientes precisiones:

El proyecto explica que la amnistía es un mecanismo que anula o extingue la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal por conductas relacionadas con el conflicto armado por delitos políticos, pero no procede frente a los delitos que violen los Derechos Humanos; y define los delitos políticos como aquellos en los cuales el Estado es considerado víctima, siempre y cuando sean cometidos sin ánimo de lucro personal.

Dentro del texto se incluyó el numeral 40 del Acuerdo Final, en el cual se establecen los delitos que NO serán objeto de amnistía o indulto, tales como lesa humanidad, genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

El proyecto de ley contempla la aplicación de amnistía a los delitos conexos a esta ley, los cuales están claramente definidos como aquellos en que incurre una persona para cometer, facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión u otro delito político.

El texto habla de un tratamiento especial de justicia definido en el Acuerdo de Paz, en el cual se determinan como tratamientos diferenciales: el otorgamiento de amnistías o indultos; la aplicación de mecanismos de cesación de procedimientos con miras a la extinción de responsabilidad o la renuncia a la persecución penal; la imposición de sanciones propias del sistema, que implican un componente de restricción efectiva de libertades y derechos y tienen una función restauradora y reparadora; la imposición de sanciones alternativas a la ordinaria cuando hay reconocimiento tardío de responsabilidad; y la sanción ordinaria de máximo 20 años de pena privativa de la libertad cuando no haya reconocimiento de responsabilidad.

La iniciativa explica que la diferencia entre las sanciones estará condicionada a la disposición que exista en el reconocimiento de la verdad y responsabilidad. En todo caso, el acuerdo establece que cualquier tratamiento especial estará sujeto a la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Para el caso de los agentes del Estado que hayan cometido crímenes dentro del marco del conflicto armado, la iniciativa incluye un tratamiento especial el cual es equiparable a la amnistía e indulto, como es la cesación del procedimiento y la renuncia a la persecución penal.

El texto deja claro que la dejación de las armas será condición de acceso a la amnistía y que una vez otorgada esta, podrá ser revocada a solicitud de cualquier autoridad, cuando se haya constatado que la persona volvió a delinquir con posterioridad a la firma del Acuerdo Final.

El Congreso de la República sesionará hasta el 30 de diciembre y retomará el próximo 16 de enero para empezar el trámite de los actos legislativos para la implementación de la paz.