El total de los hallazgos fiscales evidenciados por el equipo auditor de la Contraloría, ascendería a la suma de $893 millones de pesos, y los mismos revisten de especial gravedad, toda vez que, la alcaldía habría comprometido recursos tanto del Programa de Alimentación Escolar – PAE, como del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, dio traslado al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, de los hallazgos evidenciados dentro de la Actuación Especial de Fiscalización adelantada a los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, ejecutados por la alcaldía del municipio Agustín Codazzi, en el Departamento del Cesar, durante la vigencia 2015.

En su oficio de traslado, el Contralor Maya Villazón le resaltó al Fiscal General los sobreprecios evidenciados en el Convenio No. 001 de 2015, suscrito por el entonces alcalde EFRAÍN QUINTERO MENDOZA, con la Fundación PORVENIR, representada legalmente por DIANA MARGARITA TRUJILLO ARÉVALO, donde como parte del Programa de Alimentación Escolar – PAE, se habría acordado la entrega diaria de raciones alimentarias para desayunos y complementos nutricionales, pero por precios superiores no sólo a los valores del mercado, sino a los que la Gobernación del Departamento del Cesar había contratado simultáneamente con las mismas Instituciones Educativas Oficiales del municipio Agustín Codazzi.

Especial énfasis se hizo en el hecho que el mencionado contrato, suscrito por valor de $418 millones 258 mil pesos, arrojó hallazgos fiscales por cuantía de $111 millones 877 mil pesos, es decir, más del 26% del valor del contrato.

El Contralor Edgardo Maya Villazón igualmente le resaltó al Fiscal Néstor Humberto Martínez, los hallazgos evidenciados en el Contrato de Prestación de Servicios No. 002, suscrito por el alcalde QUINTERO MENDOZA con el CONSORCIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2015, representado legalmente por LINDA NAVARRO HERNÁNDEZ, también para la implementación del PAE en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio Agustín Codazzi, suscrito por la suma de $1.226 millones 177 mil pesos, donde se evidenciaron sobrecostos por valor de $341 millones 266 mil pesos, es decir, más del 27% del valor del contrato.

También hubo hallazgos en Primera Infancia

Las irregularidades evidenciadas por la Contraloría no se limitaron al PAE. En su comunicación, el Contralor General enfatizó también en los hallazgos evidenciados en el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, con ocasión del Contrato de Compraventa No. 005 de 2015, suscrito por el alcalde del municipio el 10 de diciembre de 2015 y con vigencia de 15 días – a tan sólo 20 días de finalizar su mandato – con el CONSORCIO DOTACIÓN CDI 2015, representado legalmente por PAUL JOSÉ SAAVEDRA ZULETA, cuyo objeto era la dotación de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI del municipio. El contrato, que se suscribió por cuantía de $491 millones 481 mil pesos, presentó sobrecostos por el 47% del valor del contrato, hallazgos fiscales por la suma de $231 millones 730 mil pesos.

Ante la gravedad de los hechos evidenciados en materia del PAE y en Primera Infancia, el Contralor General Maya Villazón le informó por escrito a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, sobre las irregularidades observadas durante la Actuación Especial, mediante oficio donde además de informarle sobre los hallazgos, se le comunicó que el CONSORCIO DOTACIÓN CDI 2015 se encontraba compuesto por TOYO SAAVEDRA MOBILIARIO S.A.S. y GIOVANI RAMIRO PÉREZ CHARRIS, cada uno con una participación del 50%.

En la comunicación dirigida a la Dra. Plazas Michelsen, el Contralor Maya Villazón le solicitó que, en el marco de sus competencias, se adoptaran las medidas a que hubiera lugar para verificar el estado de los Centros de Desarrollo Infantil del municipio Agustín Codazzi en el Cesar.

De igual forma, el Contralor Edgardo Maya Villazón, solicitó por escrito al Gerente Departamental de la Contraloría en el Cesar, Juan Jaime Celedón Sánchez, “imprimirle la mayor celeridad al trámite de traslado de los hallazgos con connotación fiscal, en el marco de sus competencias y funciones”.

Por la importancia para la región, de los hallazgos evidenciados por la Contraloría, el traslado de los mismos a la Fiscalía General de la Nación se hizo con el carácter de urgente.