–Una tácita protesta expresó el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Florez por la decisión del gobierno nacional de excluir al organismo de control del sistema de Justicia Especial de Paz, la columna vertebral de los acuerdos del fin del conflicto firmado con las Farc.

En un comunicado, Carrillo Florez respondió a las afirmaciones que hizo el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que la participación de la Procuraduría «no es parte de los acuerdos» con las Farc.

Al efecto, Santos recordó que en la mesa de negociaciones se pactó “que la Procuraduría no iba a estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente”.

No obstante dijo que “de todas formas la Procuraduría puede vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y ahí puede ejercer su control”.

En su respuesta, el procurador Carrillo Florez ratificó que el ministerio público vigilará el desarrollo de esa justicia y velará por los derechos de las víctimas.

El texto del pronunciamiento del Procurador es el siguiente:

Frente a la decisión del Gobierno Nacional de marginar a la Procuraduría General de la Nación del sistema de Justicia Especial para la Paz, me permito manifestar lo siguiente:

1. Lamento mucho la decisión del Gobierno Nacional de excluir a la Procuraduría General de la Nación, cabeza del Ministerio Público, de esta jurisdicción.

2. Independientemente de las razones de estado que llevaron a la negociación de los acuerdos de paz, creemos que en el sistema de Justicia Especial de Paz debe disponerse de un mecanismo de protección de los derechos de las víctimas, que era precisamente el objetivo de la participación de la Procuraduría.

3. La Procuraduría General de la Nación ratifica que vigilará el desarrollo de la Justicia Especial de Paz y que velará por supuesto por los derechos de las víctimas.
https://www.seehowcan.com/wp-content/languages/new/personal-statements-for-law-school.html

4. La decisión del Gobierno Nacional no va a debilitar en manera alguna la pertinencia de la participación de la Procuraduría General de la Nación, como es su obligación Constitucional, en su compromiso de ser garante de los acuerdos y defensora de los derechos de las víctimas.

Fernando Carrillo Flórez