–El ex presidente Alejandro Toledo negó ser un «fugitivo» de la justicia peruana y sostuvo que lo están acusando de delitos que no ha cometido y que por lo tanto no pueden comprobar.

Además dejó en claro que la justicia peruana no ha solicitado su testimonio por el Caso Odebrecht para que se enriquezca la investigación.

“Al contrario, el juzgado de Lima me acusó directamente de delitos que no he cometido y que el juzgado no puede comprobar».

El exmandatario y líder de «Perú Posible» ha sido acusado por el Ministerio Público de haber recibido de Odebrecht 20 millones de dólares por la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

La fiscalía le imputa los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos y solicitó, de manera preliminar, su reclusión carcelaria durante 18 meses, mientras avanzan las investigaciones.

El gobierno incluyó a Toledo en la lista de delincuentes más buscados y ofreció una recompensa de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) para cualquier información que conduzca a su localización y captura.

En su cuenta en Twitter, Toledo precisa:

«Nunca he huido de ningún desafío. Defenderé mi buen nombre bajo condiciones que no me prejuzguen culpable. […] Yo estoy de acuerdo a colaborar con una justicia, pero que sea justa y dentro del Estado de Derecho».

Y agrega: «Nunca me he fugado de nada. Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo».

Además colgó el siguiente comunicado:

Mientras tanto, el presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski, solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump evaluar, en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, la opción de deportar a Toledo al Perú con el fin de que sea sometido a la justicia”.

Así lo informo la presidencia de la república, poco antes de que el primer mandatario Pedro Pablo Kuczynski en un mensaje a la nación anunciara que su gobierno está tomando todas las acciones que permite la ley en el ámbito nacional e internacional para lograr que Alejandro Toledo regrese al país a aclarar su situación frente a la justicia.

También anunció que todas las empresas que han aceptado su culpabilidad –como es el caso de la empresa brasileña Odebrecht– o hayan sido sentenciadas por actos de corrupción no podrán vender sus activos sin previa autorización del Estado. Indicó que esto tendrá efecto hasta que esas compañías cumplan todas sus obligaciones legales, incluidas la reparación civil y posibles multas.