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Colombia replantea de nuevo en la ONU cambio de estrategia para combatir el flagelo de la droga

–En el marco del 60º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se inició este lunes en Viena, Austria, el gobierno colombiano replanteó nuevamente la necesidad de realizar un cambio de estrategia para enfrentar el grave problema del narcotrafico.

La Canciller María Ángela Holguín Cuellar fue la encargada de intervenir en nombre del Gobierno de Colombia para presentar un análisis de las tendencias de las políticas globales y nacionales, reafirmando la posición del país en relación con la necesidad de continuar la revisión a fondo del enfoque de las políticas globales de drogas y la implementación de las recomendaciones del Documento Final de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) dedicada al tema, que se llevó a cabo en abril de 2016 en Nueva York.

La ministra de exteriores dijo que Colombia continuará abogando por un cambio de la estrategia global en el proceso de deliberaciones que adelantará la Comisión de Estupefacientes, con miras al año 2019, cuando se cumplirá el plazo para cumplir con las metas que se pactaron en el 2009 en la Declaración Política de ese año, según la cual en la fecha límite, los Estados habrán eliminado o reducido de manera considerable el consumo, los cultivos, la producción, el tráfico y el lavado de activos lo que es un imposible para todos los países del mundo.

Ya el presidente Juan Manuel Santos durante su intervención en la XXX Sesión Especial de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, que se realizó en Nueva York en abril de 2016 había propuesto el cambio de estrategia de lucha contra la droga, tras advertir que pese a los esfuerzos de varias décadas, esa guerra no se ha ganado, ni tampoco se va ganando.

Santos indicó en esa oportunidad que “la lógica y el sentido común nos obligan –entonces– a repensar. Si hemos aplicado una receta –basada principalmente en la represión– por tanto tiempo, sin resolver el problema, es hora de replantear el tratamiento”.

Santos aseveró que el problema del consumo de las drogas ilícitas es un asunto de salud pública que no amerita un tratamiento criminal y advirtió que Colombia seguirá combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico. Al tiempo, enfatizó en la necesidad de replantear la lucha contra ese flagelo. “El consumo de drogas es un problema de salud pública y, como tal, no amerita un tratamiento criminal”, señaló el Jefe del Estado.

Subrayó que al consultar a las madres de adictos a las drogas sobre si prefieren que sus hijos vayan a la cárcel o a un centro de rehabilitación, ninguna opta por la reclusión en un penal.

“Pregunten a cualquier madre –a cualquiera– si quiere que su hijo adicto a las drogas pase años en una cárcel, o si prefiere que sea tratado por los servicios de salud para su rehabilitación. Ninguna va a optar por la cárcel”, señaló.

“Las cárceles son para delincuentes, no para adictos”, puntalizó.

Según el presidente Santos, las medidas represivas han recaído de manera desequilibrada sobre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Los pequeños cultivadores, las llamadas ‘mulas’ y los consumidores llenan las prisiones alrededor del mundo”, reseñó.

Y planteó que la lucha se debe centrar en los eslabones más fuertes del citado negocio ilícito.

“Tenemos que enfocar nuestra lucha contra los eslabones más fuertes de la cadena: los grandes narcotraficantes, los proveedores de insumos químicos, las organizaciones que facilitan el lavado de activos”, indicó.

“A las mafias hay que golpearlas donde más les duele. ¿Cómo? Persiguiendo los dineros mal habidos y quitándoles esas utilidades exorbitantes que tanta violencia y corrupción generan”, dijo.

Sin embargo, Santos advirtió que “Colombia no aboga por la legalización de las drogas ilícitas”. Colombia, que no quepa duda– seguirá atacando el crimen organizado, sustituyendo los cultivos ilícitos por lícitos, e interceptando barcos y aeronaves del narcotráfico”, aseguró.

La misma posición fue expuesta nuevamente por la canciller este lunes en Viena.

Con la canciller Holguín, integran la delegación colombiana el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, y el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Carlos Medina Ramírez.

En la fecha se llevará a cabo un evento especial convocado por el Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delito (UNODC).

El Alto Consejero Rafael Pardo será el orador central del evento denominado: ‘El posconflicto en Colombia y las estrategias para abordar los cultivos ilícitos’. También intervendrán el Director de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), Yuri Fedotov, y la Embajadora de Noruega en Viena, Bente Angell-Hansen, quienes realzarán el rol de la Cooperación Internacional en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC.

El Viceministro de Justicia y del Derecho, Carlos Medina Ramírez, será expositor en dos eventos paralelos, uno sobre alternativas al encarcelamiento para personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas que han infringido la ley, organizado por el Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Colombia, la OMS y la ONUDD. El segundo evento paralelo, en el cual intervendrá el Viceministro Medina, tendrá como tema central la descriminalización del consumo de drogas, convocado por la Comisión Global, Portugal, Suiza y Colombia.

La canciller indicó que la Delegación de Colombia, en este período de sesiones, se propone sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de apoyar la implementación del proceso de paz, en especial en lo relacionado con la solución del problema de las drogas ilícitas.

Así mismo dijo que Colombia continuará abogando por un cambio de la estrategia global en el proceso de deliberaciones que adelantará la Comisión de Estupefacientes, con miras al año 2019, cuando se cumplirá el plazo para cumplir con las metas que se pactaron en el 2009 en la Declaración Política de ese año según la cual en la fecha límite, los Estados habrán eliminado o reducido, de manera considerable, el consumo, los cultivos, la producción, el tráfico y el lavado de activos lo que es un imposible para todos los países del mundo.