–El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, afirmó que en un contexto nacional como el nuestro, en el que la corrupción tanto en los sectores público como privado ha permeado las distintas regiones del territorio, se hace necesario “confrontar el principio del “todo vale” ya que este le ha hecho un grave daño a toda la democracia de América Latina”.

“Esta realidad nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo vamos a superar esta grave crisis axiológica que tiene un componente de acción de la autoridad judicial porque la corrupción se ha venido recreando entre nosotros a partir de la impunidad”, afirmó Martinez Neira al intervenir en la X Asamblea General Ordinaria de Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) que se llevó a cabo en Bogotá.

De ahí la urgencia de plantear una política criminal coherente que responda a las necesidades de justicia de la sociedad colombiana, resaltó.

“El país frente a los niveles de criminalidad que ha venido observando tiene que hacer conciencia de que si alguna política pública se requiere, tiene que ser la formulación de una adecuada política criminal”; una política donde la justicia opere y donde las solicitudes de aumento de las penas dejen de responder a la coyuntura y a la efervescencia del momento.

Se trata entonces, de acuerdo con lo manifestado por el Fiscal Martínez Neira, de consolidar una política integral en la que la justicia actúe de manera efectiva de modo que las condenas se apliquen de manera real, pues “más aumentos de penas sin justicia no tienen sentido”, afirmó.

En ese orden, se hace indispensable priorizar la lucha contra la corrupción, calificada por el alto funcionario como “un pecado y un vicio generalizado a lo largo de toda la geografía nacional”, cuya investigación debe resultar en sentencias ejemplarizantes que desvirtúen el principio de “paga ser corrupto”.

“La corrupción se ha ensañado con el patrimonio de la Nación y con el patrimonio de los entes territoriales, haciendo que los esfuerzos que hace una sociedad por generar mayor equidad social se vean frustrados cuando los recursos expresados muchas veces en subsidios con propósitos de desarrollo social se quedan atrapados en los bolsillos de algunos servidores públicos”, aseveró.

Un ejemplo claro de esta situación es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en cuya ejecución la Fiscalía General de la Nación ha identificado serias irregularidades en distintas regiones del país. Es así como dineros destinados al desarrollo integral de niños y niñas colombianos ha terminado en manos de funcionarios públicos y particulares, que han encontrado en estos dineros una fuente de financiación para propósitos eminentemente personales.

Por lo anterior el Fiscal General señaló que este fenómeno criminal debe combatirse en todos los órdenes (nacional, departamental y municipal) sin ningún tipo de miramientos ni beneficios porque “si no logramos imponer el poder disuasivo del derecho penal tampoco vamos a poder avanzar en la lucha contra la corrupción”.

Frente a esta cuestión también manifestó su preocupación sobre los proyectos de ley que actualmente cursan en el Congreso de la República y que se refieren principalmente a las posibles rebajas de penas a las que se harían acreedoras personas condenadas. De aprobarse, se entregarían beneficios indiscriminados. Manifestó que con estas propuestas se está enviando un mensaje equivocado a la sociedad colombiana: “las señales que vamos a dar todos los días son más rebajas, más subrogados penales, no tratamiento penitenciario, no tratamiento intramuros, creo que nos estamos equivocando”, enfatizó.

Asimismo, alertó específicamente sobre uno de los proyectos en cuestión, pues en casos como Odebrecht los implicados “obtendrían la libertad porque no se excluyen los delitos contra la administración pública de los delitos que no alcanzarían estos beneficios […] La Fiscalía no comparte esa política criminal”.

Finalmente, propuso un gran debate público nacional en el que participe la academia y especialmente las facultades de Derecho, con el propósito de trabajar en la construcción de una política criminal que pase por un análisis axiológico y que aporte a la consolidación de un “sendero para el país en el que las políticas públicas sean algo más que el capricho de unos pocos”, aseguró.