–La Procuraduría General de la Nación urgió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca imponer medidas de embargo y secuestro de las acciones de Odebrecht en la Concesionaria Ruta del Sol, como una nueva acción cautelar que complementará las cuantiosas medidas de embargo de cuentas y bienes de la misma firma brasileña.

De otro lado, en forma extraoficial, se conoció el envió de una carta al Fiscal Nestor Humberto Martinez por parte del delegado de la Procuradurpia para la contratación estatal, Camilo José Orrego, en la cual le pide investigar penalmente el contrato que suscribió la firma brasileña Odebrecht con la empresa de publicidad Marketmedios, de propiedad de la familia de Roberto Prieto, entonces gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.

En cuanto a la intervención de urgencia sobre las acciones de Odebrecht en la Concesionaria Ruta del Sol, la Procuraduría establece que ésta se realiza en el marco de la acción popular iniciada por el mismo organismo de control disciplinario, en relación con el proyecto de la construcción de la importante vía nacional.

En su petición al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el órgano de control solicitó que se decrete esta medida cautelar y se designe un secuestre que, en nombre y representación de las sociedades de Odebrecht, ejerza los derechos sociales y de gobierno en la concesionaria, hasta la terminación y liquidación del contrato. Un secuestre que provenga de una entidad pública.

El Ministerio Público recordó que la terminación real del contrato aún no se ha dado, pese a que el pasado 22 de febrero se suscribió un acuerdo para su terminación y liquidación. El control de las obras y de la concesionaria aún no está en poder de instituciones del gobierno.

Se destaca que la petición de la medida cautelar, hoy reiterada por la Procuraduría General de la Nación, que sustrae a Odebrecht de la concesionaria, ha sido coadyuvada por el Gerente de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quien la comparte.

Preocupa a la Procuraduría, entre otros aspectos fundamentales de esta transición, la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, por lo cual este organismo ha incrementado sus acciones de vigilancia y seguimiento en 5 departamentos que atraviesan la Ruta del Sol.

También inquieta que en la etapa de transición se incrementen los gastos por parte de Odebrecht y que estos a la postre sean pasivos que hagan imposible la financiación del proyecto a largo plazo. Así, en el limbo en que se encuentra actualmente el proyecto, esa interinidad durará mínimo 120 días con empresas cuestionadas por actos de corrupción.

La Procuraduría calificó como indispensable que el Estado pueda adelantar de inmediato la etapa contractual, para la celebración de un nuevo contrato a través del cual deberá terminarse el proyecto, con un nuevo concesionario, seleccionado con transparencia, mediante licitación pública.

En su informe, la Procuraduría señala que espera que el Tribunal de Arbitramento de la próxima semana declare la nulidad absoluta del contrato 001 de 2010 y sus otrosíes, y se desestimen las pretensiones de la Concesionaria por más de 798 mil millones de pesos y así se «supere el estado de limbo jurídico de meses».