Seis personas que fueron capturadas en mayo del año pasado en una operación simultánea que se desarrolló en diferentes partes del país por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado y contrabando agravado, cometidos por una organización que enviaba queso sin control aduanero desde Venezuela hacia Colombia, fueron condenadas por el Juzgado 6° Penal del Circuito de Pereira.

Se trata de una investigación que duró más de un año, liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Nacional de Antinarcóticos y Lavado de Activos con sede en Bogotá, y que finalmente culminó con la judicialización de 6 personas, entre ellas la señora Windy del Carmen Escobar, sentenciada a 8 años y 3 meses de prisión, al ser considerada la jefe del grupo denominado el Cartel del Queso.

Escobar deberá responder además por los delitos de fraude procesal, uso de documento público y privado falsos.

Las otras personas sentenciadas son Denis Adrián Morales Tobón, esposo de la mujer, el cual deberá purgar 48 meses de prisión por favorecimiento y facilitación de contrabando agravado, sumado a los delitos ya mencionados.

En lo que respecta a Carlos Alberto Contreras y a Miguel Emilio Paz Pérez, deberán pagar 36 meses de prisión cada uno, solo por el delito de concierto para delinquir agravado.

Nilson José Jiménez Díaz fue sentenciado a 42 meses de prisión, por falsedad material ideológica agravada y falsedad en documento privado. En este caso, el togado le concedió la suspensión de la ejecución de la pena.

Para el caso de Duradier Quintana Díaz, el juez le dictó una pena de 48 meses de prisión por los delitos adicionales de favorecimiento y uso de documento falso.

A los dos últimos procesados no se les comprobó el concierto para delinquir.

Cabe resaltar que Jiménez fue beneficiado con la suspensión de la ejecución de la pena y fue dejado en libertad. A Paz Pérez le fue revocada la medida de aseguramiento en su residencia y fue ordenado su traslado a la cárcel, mientras que los restantes sí fueron beneficiados con prisión domiciliaria por ser madre y padres cabeza de hogar, respectivamente.

El Cartel del Queso tenía la infraestructura financiera, vehicular y el capital humano para traer de manera ilegal a territorio colombiano el producto, por trochas que conducían a los departamentos de Norte de Santander y La Guajira.

Estando en Puerto Santander (Norte de Santander) hacían el trasbordo de la mercancía desde los vehículos venezolanos a carros de placa colombiana.

La Fiscalía demostró a través de seis episodios, que la mujer contrabandeó 52 mil kilos de queso avaluados en más de $1.033 millones, que adquirió a través de una sociedad de lácteos de Barranquilla (Atlántico), la cual estaba a su nombre.

Según el relato de la Fiscalía, la procesada desde agosto de 2013 vendría ingresando queso desde Venezuela a Colombia, a los municipios de Finlandia (Quindío), Barranquilla (Atlántico) y Chocó (Quibdó), entre otras ciudades; valiéndose de 4 contactos en el país vecino; lo mismo que tendría relaciones con servidores públicos y grupos ilegales para que le permitieran el paso a sus vehículos, en zonas de riesgo.

El 25 de marzo de 2015 las autoridades detectaron en Dosquebradas (Risaralda), un camión con 6.000 kilos, y el 13 de enero del año siguiente en Pereira fue detectado otro con 7.607 kilos, avaluados en una suma superior a los $256 millones.

En ambos casos fueron presentados documentos falsos como la factura de la quesera que supuestamente les vendió el producto en Plato (Magdalena), al igual que un certificado de la EPS de esa ciudad sobre las condiciones de salubridad del mismo, proveniente de una empresa de fumigación que indicaba que el vehículo era apto para el transporte del lácteo, al haber sido fumigado de manera oportuna, y por último, un documento de la Inspección de Policía de esa localidad, que acreditaba la legalidad de la mercancía.