Laura Corral, asesora del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, asistió al acto de socialización del informe dirigido a la población LGTBI ‘Muchas veces me canso de ser fuerte’, que se presentó en la Universidad de los Andes. Dicho informe es el resultado de un trabajo de Colombia Diversa en varias cárceles del país, cuyo objetivo fue indagar con la población reclusa si se respetan o no sus derechos en el tema del enfoque diferencial.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene dentro de sus propósitos fundamentales garantizar los derechos a la igualdad, identidad de género y diversidad sexual de las personas privadas de la libertad, especialmente de la población LGBTI. Por ello, con el fin de modificar el reglamento e incorporar algunas reformas relacionadas con el tema, esta cartera realizó en 2016 un trabajo articulado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio del Interior, la Agencia de Defensa Jurídica para el Estado y algunos internos”, aseguró la funcionaria.

Por su parte María Elena Villamil, antropóloga, Magíster en Estudios de Género y autora del informe, dijo que en las cárceles de Cúcuta, Pereira, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Jamundí y Bogotá se realizaron 36 entrevistas con el fin de conocer las inquietudes que los reclusos tienen en cuanto a enfoque diferencial. “Allí se realizaron talleres de cartografía social y contamos con la participación de los delegados de diferentes organizaciones e instituciones que tiene lazos con este tipo de población, tales como Parces ONG, Fundación Santamaría, Red Comunitaria Trans y Colombia Diversa”, afirmó.

De acuerdo con Laura Corral, fueron varias las modificaciones que se introdujeron en el reglamento. Las principales: se reconoció que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia o situación de discapacidad; y se establecieron reglas especiales respecto al examen médico de ingreso con el objetivo de garantizar la salud de las personas trans que vienen recibiendo tratamientos hormonales.

Además, se incluyó la prohibición de usar la orientación sexual y la identidad y expresión de género como criterios de clasificación. Esto para dar la oportunidad a las personas LGTBI de concertar con la guardia penitenciaria si deben ser aisladas por razones de seguridad. Y también se acordó permitir el acceso y tenencia de objetos como pelucas, esmaltes y ropa interior, y a llevar el cabello largo y la barba.

La asesora del Viceministerio aseguró que estos cambios permitirán ajustar los procedimientos en las cárceles a la luz de los mandatos constitucionales y de protección de los Derechos Humanos de las personas LGTBI y posibilitarán la generación de espacios de capacitación y reflexión.